El Ayuntamiento de Arenys de Munt (Barcelona) ha defendido ante la juez su derecho a defender políticamente la "legítima" convocatoria ciudadana de un referéndum de autodeterminación y ha advertido que si se prohíbe la consulta habrá una "reacción en cadena" en otros municipios.

El letrado del consistorio, el exconseller de ICV Salvador Milà, ha defendido la legalidad del acuerdo municipal que apoyaba al referéndum, después de que el juzgado contencioso administrativo número 14 de Barcelona lo suspendiera a raíz de un recurso presentado por la Abogacía del Estado.

En su alegato, el letrado ha asegurado que, independientemente de la decisión judicial, la plataforma que promueve el referéndum de Arenys lo mantendrá el próximo domingo y que su prohibición no hará más que provocar una "reacción en cadena" con iniciativas similares en otros municipios catalanes.

De hecho, ERC ha animado a sus cargos locales a impulsar referendos de autodeterminación en sus municipios y ha anunciado que presentará mociones de apoyo a la consulta de Arenys en las poblaciones donde tiene representación.

Ante lo que la juez misma ha tildado de "amenaza", ésta ha advertido al abogado de que todas las entidades y personas están obligadas a colaborar para hacer cumplir la ley. En una intervención poco habitual en una sala de vistas, que ha justificado por la presencia de "un público no experto", la magistrada ha afirmado que, pese a que "la carga emocional que tiene la materia es válida", el asunto es "estrictamente jurídico".

"Tras la reunión de la Permanente de ERC, su secretario general, Joan Ridao, ha explicado que, como ya existe el movimiento soberanista Decidim.cat, ERC dejará en manos de los alcaldes y los concejales republicanos integrados en él la posibilidad de impulsar consultas similares a la de Arenys.

Para dejar clara la sintonía de ERC con la iniciativa de Arenys de Munt, la formación republicana presentará mociones en los ayuntamientos donde tiene concejales.  Ridao ha precisado que la moción expresará el respaldo a la consulta de Arenys y a la "libertad de expresión", y el rechazo a la "reacción dudosamente democrática y furibunda del Gobierno, que ha sido incapaz de metabolizar este debate".