La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, ha anunciado este miércoles un déficit de 6.000 millones de euros en las cuentas conjuntas de las comunidades autónomas con el Estado en 2008 debido a la caída de ingresos.

Así lo ha puesto de manifiesto durante la réplica a los grupos parlamentarios en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso, donde ha explicado que la reforma legal para poner en marcha el nuevo sistema de financiación autonómica se tramitará en el Congreso "en las próximas semanas", una vez que lo apruebe el Consejo de Ministros.

Ha agregado que las comunidades autónomas tendrán cuatro años de moratoria para pagar sus deudas.

La vicepresidenta ha insistido en que el Gobierno revisará los impuestos "para disponer de más recursos" y añadió que aún no es el momento de retirar los estímulos fiscales que se han puesto en marcha con la crisis.

Salgado ha comparecido para explicar los contenidos del acuerdo de financiación autonómica alcanzado el pasado 15 de julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde las comunidades gobernadas por el PP se abstuvieron.

El nuevo sistema prevé la cesión de la recaudación del 50% del IRPF y del IVA, así como del 58% de los impuestos especiales. Incorpora también tres fondos: el de suficiencia global, que tiene como objeto garantizar la financiación de las competencias; el de competitividad, para reforzar la equidad, y el de cooperación para facilitar la convergencia interregional.

Se ha referido también a recursos adicionales para poner en marcha el nuevo modelo de financiación y reforzar el estado de bienestar que se distribuirán con criterios "transparentes" y que ascenderán a 11.700 millones de euros.

El portavoz de Economía del PP, Cristóbal Montoro, ha avisado de que en el futuro será necesario reparar el nuevo modelo de financiación autonómica, que nació "viciado" y es "inoportuno y partidista", porque se diseñó "para facilitar la continuidad del tripartito en Cataluña".

Variables contempladas

Salgado ha insistido en que la reforma incluye todas las variables de población que puedan ser relevantes, como la población sanitaria protegida o la superficie, la dispersión, la insularidad o la densidad.

Ha defendido que el sistema tiene en cuenta el aumento de población registrado desde 1999 y garantiza la igualdad en la financiación de los servicios públicos fundamentales, a los que dedica el 80% de los recursos, y reduce significativamente las diferencias en la financiación per cápita.

La vicepresidenta ha reconocido que la crisis "se ha trasladado inevitablemente a las finanzas públicas", por lo que las administraciones públicas disponen de recursos sensiblemente inferiores a los años precedentes y las entregas a las comunidades para 2010 "se ven afectadas por la pérdida de recursos tributarios".

Ante la posibilidad de que las comunidades autónomas tuvieran que hacer liquidaciones negativas con el Estado, el nuevo acuerdo, según Salgado, aporta dos claras mejoras: la posibilidad de anticipar recursos adicionales para 2010 o aplazar el reintegro de esos resultados negativos.