La guerra está servida. Tras meses de polémica y cruce de acusaciones por el caso Gürtel, la disputa entre el Gobierno y el principal partido de la oposición escala posiciones y sube en intensidad. El último capítulo empezó tras el archivo por parte del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) de la causa contra el presidente de la Generalitat, el popular Francisco Camps. Pese a quedar constancia de que éste recibió "agasajos", "regalos" y "dádivas" de personas implicadas en la trama corrupta de Francisco Correa, el presidente del tribunal, a la sazón amigo de Camps, estimó que esto no suponía un delito de cohecho. Sin embargo, al PP la alegría le duró poco.

Horas después de que Rajoy pregonara que había "ganado la justicia", con ironías incluidas, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anuncia desde Honduras que la Fiscalía recurriría ante el Tribunal Supremo la decisión de la Justicia valenciana. La respuesta llega el martes desde las filas del PP. Su secretaria general, María Dolores de Cospedal, critica duramente al Gobierno, acusándole de utilizar la Fiscalía General del Estado para perseguir a la oposición con el caso Gürtel en vez de para perseguir a ETA. De Cospedal hace estas declaraciones días después de que una bomba dejara más de medio centenar de heridos en la casa cuartel de Burgos y otra matara a dos guardias civiles en Palma de Mallorca.

"Desviar la atención"

Las declaraciones no caen nada bien en el PSOE, que al día siguiente, pide al líder del PP Mariano Rajoy que haga rectificar a De Cospedal, al considerar "indigno" que frivolice con la lucha antiterrorista para "desviar la atención" del caso Gürtel.

También habla ese día el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, quien insiste, siguiendo los pasos de la secretaria general del partido, en que la Fiscalía se ha convertido en "un instrumento del Gobierno" y no del Estado. El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, también aporta su granito de arena a la causa: "A los socialistas, el archivo del caso Gürtel les ha sentado a cuerno quemado, pero como dicen en mi pueblo: ajo, agua y resina, a joderse, a aguantarse y a resignarse".

Una nueva batalla comienza este jueves. Quizá porque el archivo de la causa contra Camps no daba mucho más de sí, los populares deciden abrir otro frente. La número dos del PP ha denunciado que "se están produciendo, a veces de manera ilegal, escuchas telefónicas de personas que no tienen nada que ver con algún sumario" judicial. "Y se hacen de manera ilegal, no consta", puntualiza de Cospedal, quien apunta a que hay altos dirigentes del partido cuyo teléfono ha sido "pinchado".

De Cospedal lamenta, además, que España viva ahora "un Estado policial" como hace muchos años, desde antes de la Constitución, no se vivía. "Esto es lo que practica el Gobierno aunque al PSOE no le guste oirlo; pero es así y así se está poniendo en grave riesgo a la democracia, en grave riesgo a las instituciones de la democracia", ha asegurado.

"Infamia"

Las reacciones tampoco se hacen esperar y horas después, De la Vega insta a De Cospedal a poner una denuncia en firme o retractarse. Asimismo, explica que ha costado "mucho esfuerzo" construir un Estado de derecho "para que ahora venga (el PP) a lanzar sombras de sospecha".

Para la secretaria de Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano, De Cospedal ha llegado "a tal grado de infamia" que en este momento su "disyuntiva" es presentar una "denuncia formal y probar lo que ha dicho o abandonar la vida política y que se vaya a su casa".

Por su pare, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha reclamado este viernes a los dirigentes del PP que tengan "sentido de la responsabilidad" en sus declaraciones proque en España "afortunadamente tenemos una justicia que funciona conforme a los criterios del Estado de derecho".

Minutos más tarde, también se han pronunciado las asociaciones de jueces, que han pedido a De Cospedal que pruebe las acusaciones sobre supuestas escuchas ilegales o que rectifique sus palabras. "Es una denuncia absolutamente gratuita que mancha una institución del Estado", ha dicho el portavos de la asociación Jueces para la Democracia (JpD), Miguel Ángel Gimeno. Las asociaciones de jueces coinciden en que siempre que se intervienen conversaciones telefónicas hay un juez "que vela por la pureza, necesidad y proporcionalidad" de la misma.

Sólo unas horas más tarde de que Zapatero haya pedido "sentido de la responsabilidad", el PP ha vuelto a atacar y asegura ahora que entre los dirigentes populares que tienen los teléfonos pinchados estarían Francisco Camps, Federico Trillo y la propia María Dolores de Copedal. Habrá que ver hasta dónde llega la guerra.