El Parlamento aprobó ayer la ley por la que a partir de septiembre la televisión pública dejará de emitir la mayor parte de su publicidad en septiembre y dejará definitivamente de emitir anuncios en 2010, cuando se acaben algunos contratos publicitarios firmados previamente.

Desde el gobierno, que ha impulsado esta medida aseguran que "los expertos y la opinión pública son favorables a que TVE no emita publicidad", pero hay voces discordantes que hacen ver las pegas que una televisión pública sin publicidad podría tener.

En primer lugar, el fin de la publicidad en TVE ha sido criticado, principalmente, por los publicistas, que han asegurado que pondrá en peligro 18.000 puestos de trabajo y afectará a la productividad de 4.637 empresas publicitarias.

También han asegurado que supondrá para las 4.637 empresas que hacen publicidad en televisión, una inflación de precios, mayor saturación y una clara pérdida de competitividad, lo que provocará que las 1.350 pymes no puedan asumir el aumento de precios por lo que se quedarán si acceso a este medio.

Desde del sindicato APLI (Asociación Profesional Libre e Independiente) advierten de que la medida afecta al puesto de trabajo de los 140 comerciales que hasta ahora trabajaban en la entrada de anuncios al ente público. Además, desde el sindicato advierten de la posibilidad de que TVE se convierta en "una cadena residual".

Esta bajada de audiencia podría ser provocada, entre otras cosas, por la limitación que impone la ley de gastar más del 10% de los fondos para la compra de derechos de emisión de eventos deportivos, aunque la ley excluye los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

El dinero que deje de percibir TVE por la emisión de publicidad lo compensarán las cadenas privadas y las operadoras de telecomunicaciones por lo que se espera que estas últimas repercutan el coste en los usuarios.

Además, el sindicato advierte de que "la hipotética limitación de contratar servicios exteriores y producciones ajenas o mixtas sin superar más de un 30% la compra a un mismo proveedor, cuenta con la salvedad de las empresas con poder significativo en el mercado, o que sean titulares de la explotación de derechos exclusivos".

Según APLI, el Consejo de Sabios, un grupo creado por el gobierno para asesorarle sobre RTVE, está en contra de esta medida, pero sus consejos han sido desoídos, para hacer lo que el sindicato considera "una mala copia del francés".

Uno de los motivos de esta ley era el de liberar publicidad para paliar las pérdidas en las cadenas privadas, sin embargo, esta medida aprobada ayer "no garantiza que los ingresos publicitarios que pierde TVE vayan a las televisiones privadas. Los anunciantes ya se temen una subida de las tarifas de entre el 20 y el 30% ante una más que previsible saturación en el sector" según afirman desde APLI.