Alcalá de Guadaíra, Castilblanco, Gerena, El Arahal, La Rinconada... Los delitos urbanísticos son uno de los principales problemas de muchos municipios sevillanos.

En sólo un año, la Fiscalía de Sevilla ha visto cómo crecían casi un 30%, pasando de los 198 que hubo en 2007 a los 255 del pasado año.

La mayoría son por «edificaciones levantadas por particulares en parcelaciones ilegales perpetradas en suelo no urbanizable que no es de especial protección». La Fiscalía culpa de esta subida a los ayuntamientos, ya que «su disciplina urbanística es ínfima».

Además, reconoce su sorpresa porque «la situación haya empeorado pese al poder disuasorio que debiera tener el conocimiento público de las frecuentes sentencias condenatorias.

Más delitos en El Arahal

En los delitos contra la ordenación del territorio, la Fiscalía destaca los numerosos procedimientos que afectan a parajes de El Arahal.

Un asunto relevante y que, según la previsión policial, producirá más de 170 atestados por acciones presuntamente delictivas en una zona no urbanizable de 294.883 m2, en la que se han creado 147 parcelas, muchas de las cuales ya tienen edificaciones sin licencia.

También se han tramitado procedimientos contra responsables municipales por prevaricación urbanística.

Los más destacados fueron los de los alcaldes de Castilblanco (por su «absoluta desidia y pasividad» para evitar las cerca de 500 edificaciones existentes en la dehesa Las Minas, de naturaleza forestal); Burguillos (por otorgar una licencia para edificación en contradicción con el planeamiento vigente).

También Morón (por dar licencias ilegales en un polígono industrial); y Lora de Estepa (por autorizar edificaciones en suelo rústico). Ninguno de ellos está en prisión provisional por estos delitos.

Respecto a los delitos que atentan directamente al medio ambiente, la Fiscalía resalta la actuación contra la empresa minera Cobre Las Cruces por la contaminación del acuífero Niebla-Posadas, del que se abastecen diversas poblaciones de la provincia de Sevilla.

También el abierto contra los alcaldes de Morón, «por la tolerancia, falta de control y constante inactividad ante los vertidos tóxicos de las industrias de aderezo de la aceituna» al río Guadaíra; y Guillena, por autorizar un vertedero incontrolado.

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