Suspenden los decretos que establecían el euskera como lengua principal en el cole

  • El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha ordenado la suspensión cautelar parcial de los artículos que así lo establecían.
  • Fueron redactados poco antes de las últimas elecciones autonómicas.
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Un aula de un colegio con alumnos de primaria.
Un aula de un colegio con alumnos de primaria.
Un aula de un colegio con alumnos de primaria.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ordenado la suspensión cautelar parcial de los artículos de los decretos de Educación Infantil y Bachillerato elaborados por el anterior Gobierno vasco que establecían el euskera como lengua vehicular.

La Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística había recurrido ante el TSJPV los dos artículos recursos mencionados y solicitado medidas cautelares para lograr la paralización de la ejecución de ambos decretos, redactados por el departamento que dirigía Tontxu Campos (Eusko Alkartsuna) poco antes de la celebración de las elecciones autonómicas del pasado 1 de marzo.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV ha estimado en sendos autos, de manera parcial, las peticiones de esta asociación de padres, que reúne a unas 2.000 familias, y ha accedido a la suspensión del precepto de los decretos que señala: "El euskera será la principal lengua vehicular en el ámbito escolar".

Los argumentos de los recurrentes

En el auto se recuerda que el núcleo central de la argumentación del recurso "se sostiene en la alegación de que el precepto vulnera el derecho de los padres y tutores de los menores, o, en su caso, del alumno, a la elección de las dos lenguas oficiales en que han de recibir la enseñanza sus hijos, con la única restricción de la obligatoriedad de la enseñanza de la lengua oficial que no haya sido elegida".

Asimismo, el TSJPV indica que los recurrentes argumentan que "una inmersión lingüística en el ciclo inicial atentaría al principio de respeto del libre desarrollo de la personalidad que lleva a la exigencia de la lengua materna", por lo que "de no suspenderse el precepto se estaría habilitando y legitimando a los poderes públicos para conculcar un derecho fundamental".

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