El 21 de diciembre de 2007, el Juzgado de lo Contencioso dio la razón a la funcionaria Áurea Soto, que denunció el acoso laboral al que es sometida en el Concello.
La sentencia obligaba a que la trabajadora fuese reubicada y se le diese un trabajo. La primera de las cuestiones fue subsanada, pero casi dos años después, Áurea sigue cobrando un sueldo por no hacer nada, «sólo por fichar», señala.
Ante esta situación, la afectada ha solicitado una ejecución forzosa de la orden y ha presentado una denuncia en la Inspección de Trabajo.
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