Algunos de estos nuevos imputados por los delitos de blanqueo, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias están supuestamente relacionados con los negocios del ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), el imputado Arturo González Panero, y otros con los despachos de abogados que utilizaba la trama de corrupción liderada por Francisco Correa para sus actividades fuera de España.
Se da la circunstancia de que Martín Morales ya figuraba entre los imputados en esta causa y de hecho dimitió el pasado día 6 como director general del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y vicepresidente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV), al conocerse su imputación.
El juez, ha interrogado ya esta semana, en presencia de las fiscales Anticorrupción Miriam Segura y Concha Sabadell, a seis de estos nuevos imputados y el próximo lunes ha llamado a declarar a los cinco restantes.
Además de acordar estas nuevas imputaciones, el magistrado ha iniciado los trámites para el nombramiento de administradores judiciales en las empresas intervenidas a la trama de corrupción que investiga y que presuntamente lidera Francisco Correa, uno de los tres únicos imputados que se encuentra en prisión.
También estos últimos días han comparecido ante Garzón las personas que han tenido poderes en doce sociedades que han sido intervenidas a la trama de Correa con el fin de nombrar administradores judiciales.
El juez, según las fuentes consultadas, ha preguntado a los representantes de estas empresas, entre ellos al ex vicepresidente de Repsol YPF e imputado en esta causa Ramón Blanco Balín, si esas sociedades "estaban vivas" y con personas contratadas.
Entre estas empresas se encuentran Special Events (que organizaba actos para el PP hasta 2004), Orange Market (filial valenciana de Special Events), Good & Better, Diseño Asimétrico, Easy Concept, Pasadena Viajes, Inversiones Kintamani, Servimadrid Integral, Hator Consulting y Osiris Patrimonial.
Garzón prosigue así con la instrucción de esta causa a la espera de que los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y la Comunitat Valenciana decidan si la asumen, después de que el magistrado se inhibiera en su favor al haber hallado indicios contra aforados regionales como el president de la Generalitat, Francisco Camps.


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