La Junta evita expropiar y comprará casas ilegales en el entorno de Medina Azahara

  • El Gobierno andaluz no permitirá que las parcelas irregulares tengan agua potable.
  • Alquilan un local en El Higuerón para las negociaciones.
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Que no quede ni una sola parcela ilegal dentro de la zona de Bien Interés Cultural (BIC) de Medina Azahara. Éste es objetivo que se esconde detrás de la ofensiva lanzada por la Junta para erradicar las viviendas irregulares construidas junto a la ciudad palatina. El delegado provincial de Vivienda yOrdenación del Territorio , Francisco García, informa de que su departamento hará una oferta para comprar las 250 parcelas ubicadas en esta zona que cuentan con alguna construcción en su interior.

Esta decisión se suma a la adoptada por el Gobierno andaluz hace cinco meses de adquirir 29 terrenos que se encontraban sin edificar cerca de Medina Azahara.

Los parcelistas que no acepten el precio tendrán que acostumbrarse a vivir en precario

La presión hacia estos parcelistas será total, ya que en caso de que rechacen la oferta de compra, la Junta se mostrará inflexible a la hora de no permitir que disfruten de servicios básicos, como agua o alcantarillado.

García indica que si los parcelistas «no aceptan el precio que les ofrezcamos, tendrán que acostumbrarse a vivir en precario».

Para empezar las negociaciones, la Junta acaba de alquilar un local en El Higuerón, que estará operativo en unos días. El consejero de Vivienda, Juan Espadas, apunta que sus técnicos analizarán «caso por caso» la problemática existente en estos terrenos irregulares.

Negativa vecinal

La Junta lo va a tener difícil para convencer a los parcelistas del entorno de Medina Azahara para que éstos se vayan de sus propiedades. El presidente de la Asociación de Vecinos de Las Pitas –una de las parcelaciones ilegales afectadas–, Rafael Muñoz, afirma que «ninguno de los vecinos que vivimos aquí estamos dispuestos a vender nuestros terrenos, estén o no con construcciones».

En cuanto a la negativa de la Junta de permitir que cuenten con servicios básicos, Muñoz resalta que «todos los seres humanos tenemos derecho a contar con agua potable en nuestras casas». Este dirigente vecinal asegura que «no suponemos ningún obstáculo para el yacimiento», por lo que acusa a la Junta de «crear una fuerte alarma social».

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