Admitida a trámite una petición para que Nozar sea declarada insolvente

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid ha admitido a trámite la segunda solicitud de concurso necesario de acreedores (antigua suspensión de pagos) contra al grupo inmobiliario Nozar que presentó a finales del pasado mes de noviembre la empresa Avalatransa, que reclama el pago de 249.159 euros.

En un auto del 23 de enero, el juez Pedro María Gomez acepta el recurso de reposición que había presentado Avalatransa, asesorada por el bufete Osorio y Asociados, contra la decisión del anterior magistrado del juzgado de rechazar su solicitud.

A diferencia del anterior juez, Gómez entiende que los documentos aportados por Avalatransa, en calidad de acreedor de Nozar, justifican "al menos" la existencia de indicios de la posible insolvencia del grupo presidido por Luis Nozaleda, por lo que le concede el plazo legal de cinco días para que se oponga a la solicitud y pruebe su solvencia.

Si no se opone, Nozar, que a cierre de 2007 contaba con deudas por valor de 2.000 millones, será declarada de forma inmediata en concurso necesario de acreedores, mientras que si cumple ese trámite, el juez convocará a las partes a una vista, después de la cual declarará el concurso de acreedores del grupo o bien desestimará la petición de Avalatransa.

Aún no se ha declarado insolvente

En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid insistió en un comunicado en que la decisión del juzgado no implica que Nozar se haya declarado ya insolvente.

Tras el rechazo a admitir a trámite la primera solicitud de marzo de 2008, Avalatransa aseguró en noviembre que en los últimos meses habían ocurrido "hechos nuevos de una gravedad extrema" que constataban el impago generalizado de las deudas que acumula Nozar, como el hecho de que figuraran en los registros de morosos 115,26 millones de deudas reclamadas por entidades financieras y otros 828.460 euros por proveedores.

Según Avalatransa, la inmobiliaria presidida por Luis Nozaleda también había sido objeto de embargos, como el llevado a cabo por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el impago de una deuda de 37.356 euros.

Además, sostenía que Nozar, que debía a cierre de 2007 más de 2.000 millones de euros, está en quiebra técnica, basándose en un informe del Catedrático de Ciencias Económicas y Empresariales y Vicerrector de la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), Cecilio Moral Bello.

Operaciones contrarias a las normas

Moral Bello afirmaba que "las cuentas presentadas del ejercicio 2007 no presentan una imagen real de la situación patrimonial" de Nozar, ya que se han contabilizado operaciones "que son contrarias a las normas y principios aplicables según el Plan General de Contabilidad".

A este respecto, el juez Pedro María Gomez señala que Avalatransa "nos relata de manera sumamente pormenorizada una serie de hechos y de conductas que atribuye a Nozar y que, de resultar verídicas, pudieran justificar la apreciación de algunos de los hechos reveladores que establece la Ley Concursal" para declarar en concurso necesario de acreedores a una empresa.