Un total de 26 municipios de León y siete de Palencia denunciaron la “imposición” de este programa autonómico a las entidades locales, propietarias de los terrenos calificados como zonas de especial protección. Según indicó el alcalde de Posada de Valdeón (León), Mariano Rojo, la Junta “no respeta” el articulado de ese plan puesto que recoge que su objetivo principal es “mejorar la actitud hacia la especie y fomentar la participación de todos los sectores sociales, tanto públicos como privados, especialmente, la de aquellos más directamente relacionados con la gestión de su hábitat”.

Recordó que en 2006 los regidores de los municipios afectados presentaron una batería de alegaciones que no fueron estimadas. El alcalde de Posada de Valdeón también indicó que en junio del pasado año de nuevo 34 municipios -26 de León, siete de Palencia y uno de Galicia- solicitaron la paralización del proceso de aprobación del plan del urogallo y que se elaborara el borrador de forma consensuada con todas las partes implicadas, incluidas las entidades locales.

Protección de la especie

Además, explicó que estos ayuntamientos no están en contra de la protección de esta especie ni tampoco del oso cantábrico pero advirtieron que si las medidas se llevan al “extremo”, el futuro de la población de estas zonas es “muy complicado”, puesto que una de las actividades principales es la cinegética.

Respecto a las limitaciones a la caza de estos ejemplares, el documento que presentaron todos los ayuntamientos de León y Palencia afectados, recoge que tiene que establecerse un plan de compensaciones y no ser “ambiguos” en las prohibiciones. También, reclamaron subvenciones públicas con independencia de que la Junta destine estos fondos a los municipios ubicados en la zona de influencia.

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