La Plataforma 29-M de Marbella se reunirá con la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para denunciar que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, en trámite, "quiere ningunear" unas 40 sentencias firmes en materia urbanística.

La abogada Inmaculada Gálvez, representante de varios de los colectivos que integran la plataforma, ha anunciado que la cita tendrá lugar el 11 de diciembre.

También solicitarán ayuda al Instituto Andaluz Universitario de Criminología e invitarán al eurodiputado por Los Verdes David Hammerstein para que instale en Marbella una oficina temporal para recoger las quejas ciudadanas y detectar si el nuevo PGOU cumple las directivas sobre blanqueo de capitales y Medio Ambiente.

Gálvez asegura que el plan elaborado por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella asume los términos del aprobado por el GIL en 1998 e impugnado posteriormente por el Ejecutivo autonómico y ha afirmado que un PGOU "no puede hacer un catecismo de infracciones urbanísticas".

Amnistía general

Tanto la letrada como el portavoz de la plataforma, Rafael Ávila, han censurado que el nuevo plan suponga una "amnistía general" en materia de irregularidades urbanísticas y "legalice de facto actuaciones delictivas" que, en distintos procesos judiciales, han supuesto penas de prisión para los imputados.

La letrada ha aseverado que, en caso de que el nuevo PGOU se apruebe de forma definitiva, quedará paralizado por las impugnaciones que la plataforma presentará al documento.

Además ha advertido al consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, que "debería pensar que sus reuniones" con la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, "podrían producir nulidad" en el caso de que se presentara un recurso de alzada contra el PGOU que "él mismo debería resolver".

Sobre posibles demoliciones de inmuebles ilegales, ha añadido que la plataforma no demanda que se lleven a cabo derribos sino que se depuren responsabilidades, por lo que serán los jueces quienes deberán decretar si el cumplimiento de las sentencias comprende estas actuaciones o el pago de compensaciones.

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