El coronel auditor Ricardo Fortún, al que tras el accidente del Yak-42 Defensa encargó un informe sobre el sistema de contrataciones del Ejército, ha asegurado que sólo pudo utilizar la documentación que le proporcionó el propio Ministerio, entonces en manos del popular Federico Trillo, y que no tuvo autonomía para realizar trabajo de campo. Durante su declaración como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que investiga las

Tampoco incluyó en su escrito las quejas del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra (CISET) y del Mando Aéreo de Levante (MALEV), la pregunta parlamentaria donde se abordaban esas quejas ni la denuncia de los familiares, porque "no se lo dieron".

Faltó el trabajo de campo

El informe, entregado al Ministerio en diciembre de 2003 -el accidente había ocurrido en mayo-, le fue encargado en reuniones con el entonces ministro Federico Trillo, el teniente general José Luis Beltrán -imputado por el caso de los errores en la identificación de los cadáveres- y el ex secretario general de Política de Defensa Javier Jiménez Ugarte.

Fortún ha declarado, por otra parte, que conocía y asumía las subcontrataciones realizadas por Defensa a través de la empresa de la OTAN Namsa, pero que nunca vio ninguno de los contratos de los 43 vuelos anteriores ni el del propio Yak-42 siniestrado.

Grande-Marlaska también ha tomado declaración, completando las que ya tenía, al ex subdirector general de Control de Transporte Aéreo de Aviación Civil, Luis Rodríguez Gil, que ha desmentido que -como se asegura en el informe de Fortún- el vuelo del Yak-42 que resultó siniestrado dispusiera de un certificado de aeronavegabilidad emitido por su departamento, dado que se trataba de un vuelo militar.