Con la presentación de esta propuesta ante la Cámara Baja, el principal partido de la oposición recuperó una de sus propuestas electorales más criticadas en los últimos comicios: obligar a los inmigrantes a firmar un documento por el cual se comprometan a aprender la lengua, cumplir las leyes y respetar las costumbres españolas, entre otras cuestiones.

Rafael Hernando, diputado del PP, defendió este contrato como un mecanismo para respetar los derechos y libertades democráticos "alcanzados con el paso del tiempo". "Los inmigrantes deben tener los mismos derechos que los nacionales, pero también las mismas obligaciones", añadió Hernando.

Desde el PSOE se acusó al PP de defender una iniciativa con origen intelectual en la extrema derecha europea. "Los contratos de inmigración tienen un indudable fondo xenófobo, desprecian la Constitución y las leyes como fuente de valores, de obligaciones y de derechos", aseguró José Antonio Alonso, portavoz socialista en el Congreso.

La alternativa de CIU

El grupo parlamentario de CiU presentó una enmienda de sustitución rechazada por el PP. En su propuesta, la formación catalana planteaba un Pacto de Estado en materia de inmigración que sustituyera el contrato de integración en debate.

Actualmente, en países como Holanda, Reino Unido o Alemania se realizan ya otras fórmulas de integración como exámenes a los extranjeros que pretenden establecer su residencia dentro de sus fronteras.