Un informe del servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial ha detectado graves deficiencias en la aplicación de la Ley del Menor, que entró en vigor en 2001, según informa el diario El País. Entre otros aspectos, el informe apunta que hay casi de 6.000 sentencias cuya ejecución no se puede iniciar por falta de medios y de ellas, 2.825 (el 48%) se dictaron en 2004 o antes.

En el texto se subraya que la insuficiencia y escasez de recursos ha supuesto "la quiebra del sistema", ya que "la imposibilidad de ejecutar una medida en el momento adecuado supone finalmente que los objetivos educadores y resocializadores de la jurisdicción de menores no pueden ser alcanzados".

También se destaca que la ley se aplica más o menos deprisa dependiendo de la comunidad autónoma, que tiene las competencias en esta materia, donde se produzca el caso. Valencia, Andalucía y Cataluña, eran las regiones con un mayor número de menores esperando que se les asignara un recurso. En Navarra, sin embargo, no había ninguno en esta situación.

El citado diario informa que el número total de sentencias pendientes de ejecución era, a finales de 2006, de 30.000 y de ellas la ejecución de al menos 10.455 no se había iniciado. En 4.595 casos era porque el menor estaba cumpliendo otra medida, pero, en otros 5.850 (el 56%) el problema era la escasez de medios.

Así, hay casos en los que los condenados llevaban más de un año, e incluso cinco, esperando la ejecución de su medida.