Las firmas que la familia de la niña Mari Luz Cortés está recogiendo para que el Congreso de los Diputados debata sobre la pena de cadena perpetua para pederastas asesinos no sirven para nada desde el punto de vista legal.

La familia de Mari Luz, presuntamente asesinada por Santiago del Valle en Huelva, ha emprendido una ruta por 32 ciudades españolas para pedir en el Congreso de los diputados el endurecimiento de las penas para este tipo de delincuentes, incluida la cadena perpetua, entre otras medidas como la publicación de los nombres de los pederastas condenados.

Sin embargo, esta iniciativa, aunque la respalden cinco millones de firmas, será rechazada en el Congreso y no llegará a debatirse como tal. El motivo, que el Código Penal no puede ser materia de una iniciativa legislativa popular.

Lo dice la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular, que en su artículo 2 dispone: "Están excluidas de la Iniciativa Legislativa Popular las siguientes materias: 1. Las que, según la Constitución, son propias de leyes orgánicas...". Y el Código Penal es una ley orgánica.

Así pues, los cinco millones de firmas que se espera alcanzar podrán servir para convencer al Gobierno o a los grupo políticos para que presenten una iniciativa legislativa de modificación del Código Penal (ellos sí pueden), pero no para que se debata la iniciativa popular que la familia de Mari Luz está promoviendo.

Otro debate que los expertos plantean es si la cadena perpetua es compatible con el artículo 25.2 de la Constitución, que dice que "las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados".