El Pleno del Congreso convalidó este martes por mayoría el real decreto-ley que regula la conducción temporal de agua de Barcelona, una medida "excepcional y urgente" que garantizará el abastecimiento de agua a esta provincia, que atraviesa la sequía más grave desde que se tienen registros.

El real decreto-ley salió adelante con 318 votos favorables, uno en contra (Gaspar Llamazares) y dieciséis abstenciones (10 de CiU, 2 de ERC, 3 del grupo Mixto, y uno de la diputada del PP por Zaragoza, Luisa Fernanda Rudi).

Además, pese a la petición del PP (fue rechazada por 169 votos), el real decreto no se tramitará como proyecto de ley.

En defensa de la norma, la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, recordó que las reservas hidráulicas de Cataluña están en el 23% de su capacidad -la media nacional es del 50%-, lo que "podría obligar a imponer restricciones al consumo doméstico a corto plazo".

Explicó que, pese a que la población ha racionalizado el uso del agua, el área metropolitana de Barcelona necesita 19 hectómetros cúbicos al mes, y actualmente el caudal del Ebro sólo garantiza 15 hectómetros cúbicos, es decir, que hasta que no comience a funcionar la desalinizadora del Prat (en junio de 2009), la provincia de Barcelona tendrá un déficit de agua de 3,9 hectómetros.

Críticas del PP

Sin embargo, el diputado del PP Juan de Dios Martínez acusó al Gobierno de aprobar un trasvase tras haber derogado el que incluía el Plan Hidrológico Nacional, que de haberse realizado, "hoy el problema estaría resuelto sin tener que mentir a los españoles".

Además, preguntó a la ministra "¿qué tiene que pasar para que decidan resolver el problema del agua en Aragón, Valencia, Murcia o Almería?" porque "millones de españoles tienen un problema grave y el Gobierno no puede seguir poniendo parches" y porque "en España no puede haber privilegios".