Cuando fueron a pedir la ayuda de 2.500 euros por nacimiento que el Gobierno da desde julio de 2007 se la denegaron. El motivo, que la ayuda la tiene que solicitar la madre, salvo que haya fallecido (y entonces le corresponde al padre), y sólo tiene derecho a ella si ha cumplido dos años de residencia legal en España.
Es injusto, la beneficiaria debería ser la familia y la familia son tres, padre, madre e hijo.
Paradójicamente, una española casada con un extranjero, aunque esté ilegalmente en España, sí tiene derecho al llamado cheque-bebé, igual que lo tienen los matrimonios gays mixtos que adopten, ya que pueden elegir quién es la 'madre', según Sara.
A Antonio, un informático madrileño casado con una venezolana, ya le han dicho que no tendrá la ayuda cuando nazca su hijo en octubre. "Mi mujer ha trabajado aquí, tiene la residencia comunitaria y, aunque llegó en 2006, tardaron en darle los papeles y en octubre le faltarán seis meses para cumplir dos años de residencia legal", explica.
"No lo entiendo", añade, "el hijo es de los dos, yo soy español y el niño también, aunque estoy pensando en irme a otro país donde necesiten informáticos y donde no humillen a mi hijo".
A Antonio se le abrió una puerta, ya que la ley permite que la madre ceda voluntariamente el derecho al padre, pero se la cerraron rápidamente, pues le dijeron que su esposa no tiene el derecho y, por tanto, no puede cedérselo. "Interpretan las leyes como quieren, es una vergüenza", se lamenta.
El hijo es de los dos, yo soy español y el niño también, aunque estoy pensando en irme a otro país donde no humillen a mi hijo.
La restricción legal afecta a miles de familias mixtas, según los afectados, que ya se están movilizando a través del blog Cheque-bebé discriminación. Y no sólo perjudica a parejas donde la mujer es extracomunitaria. "Hay casos de mujeres francesas que trabajan aquí desde hace años pero que no se empadronaron en España porque no lo creyeron necesario, y ahora se han quedado sin la ayuda", afirma Sara.
Óscar y Sara han escrito a la Secretaría General de Políticas de Igualdad (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales hasta el cambio de Gobierno), que les dio la razón pero les dijo que no podía hacer nada, "dado que sus atribuciones se refieren a la defensa contra los delitos por violencia de género y otros aspectos de igualdad entre mujeres y hombres", según un escrito consultado por 20minutos.es. Este organismo les remitió a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad.
También escribieron, como otros padres, al Defensor del Pueblo. Enrique Múgica respondió la semana pasada por carta (PDF) a algunos de quienes se han quejado por estos casos que, afirma, "son ajenos a los beneficios de la ley, dando lugar a a situaciones de desigualdad".
Múgica critica la respuesta que ha recibido del Ministerio de Economía y Hacienda, que se escuda en que es una ley aprobada por el Parlamento y que el Gobierno se limita a aplicarla. Según el Defensor, el Ministerio «se olvida de que la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno», pero añade que no puede hacer nada más por los afectados y decide concluir sus «actuaciones». Algo que ha decepcionado a los afectados.
Antonio escribió al Ministerio de la Presidencia, el de María Teresa Fernández de la Vega, que le respondió con una carta tipo dirigida a quienes se quejan ¡por el canon digital!
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