El indicio ya estaba claro: las 23.733 solicitudes que el Ayuntamiento tramitó en diciembre de 2006 para conseguir una de las 1.300 VPO que se sortearon en Soliva.

Ahora, la empresa pública de vivienda de la Diputación (Emprovima) cifra en 58.000 las viviendas sociales que se necesitan en la provincia, 21.000 de las cuales tendrían que construirse en la capital.

Y es que el número de VPO iniciadas en Málaga ha ido cayendo desde mucha altura y sin paracaídas a partir de 1998. Entre el 91 y el 97 los porcentajes de casas protegidas respecto al total de proyectos visados oscilaron entre el 18 y el 42%.

Sin embargo, la cifra se situó en el 7,8% en 1998 y hasta 2006 no ha llegado ni al 2% en tres años, según los datos del Ministerio de Vivienda. Es más, en 2003, el año en que se comenzaron más viviendas (83.274), sólo 1.639 fueron protegidas.

El presidente de los constructores y promotores de la provincia, José Prado, que cree que las 58.000 podrían ser pocas, afirma que la culpa de las pocas VPO que se han hecho últimamente es del precio del suelo.

«El Gobierno fija en 1.100 euros el precio del metro cuadrado construido de VPO y sólo nos saldría rentable si la repercusión del suelo fuera de 165 euros por m2 (15%). En cambio, esa repercusión está situada entre 600 y 700 euros», explica.

Otro factor: los ayuntamientos no apuestan por la VPO

Emprovima, gestionada por IU, cumple diez años promoviendo viviendas sociales en la provincia y en ese tiempo ha entregado 355, otras 238 se encuentran en ejecución y, en un plazo de unos tres años, va a construir 212 más. Incluso está negociando con diversos municipios (Marbella, Torrox o Archidona) edificar entre 120 y 150 más.

A pesar de ello, Emprovima criticó ayer que los ayuntamientos no apuesten de manera clara por la construcción de viviendas protegidas. Pero también dejó claro que todas las VPO creadas hasta la fecha son posibles gracias a la cesión gratuita de suelo municipal.