María Rey, la lesbiana expulsada de la Hermandad de la Virgen de La Encarnación de Abenójar después de que contrajera matrimonio con otra mujer, presentó una denuncia de tipo penal contra el obispo de Ciudad Real, Antonio Algora, por un presunto delito de ‘coacciones’, según informa en su versión digital el diario La Tribuna de Ciudad Real.
María Rey acude a la vía penal para denunciar a Algora por un presunto delito recogido en el artículo 172 del Código Penal. En dicho escrito, la lesbiana María Rey acude a la vía penal para denunciar a Algora por un presunto delito recogido en el artículo 172 del Código Penal, después de su expulsión de la Hermandad de la Virgen de la Encarnación de Abenójar, a la que pertenecía desde que nació, y en la cual se desempeñaba como vicesecretaria.
"Manifiestamente escandalosa"
El Obispado de Ciudad Real obligó a la junta directiva, en agosto de 2007, a expulsar a Rey de la cofradía por “su conducta manifiestamente escandalosa” al casarse con la mujer con la que convivía desde hace más de quince años. Fuentes jurídicas de la acusación señalaron que la denuncia se interpone por “impedir a alguien, sin estar legítimamente autorizado, a hacer lo que la ley no prohíbe”.
Está ejerciendo un derecho que permiten las leyes como es el del matrimonio homosexual
En este caso, “porque no permite a María Rey ejercer un derecho fundamental como es el asociacionismo, además de obligar a la junta directiva a expulsar a esta persona”.
También se recoge en la denuncia el hecho de que la Diócesis ciudadrealeña califique la “conducta” de María Rey como “manifiestamente escandalosa”, cuando “está ejerciendo un derecho que permiten las leyes como es el del matrimonio homosexual”.
La denuncia todavía debe ser admitida o rechazada por el juez al que se encargue este caso. Puede pasar más de un mes hasta que el juzgado dé una respuesta sobre este asunto.
Antecedentes legales
En Canarias, la Justicia obligó al Obispado a indemnizar a dos profesores de Religión despedidos con 24.000 euros por vulnerar sus derechos sindicales y de libertad de expresión, así como su readmisión al centro escolar.
Otro caso tuvo lugar en Granada, donde el Juzgado de lo Penal número 5 condenó al arzobispo de esta ciudad al pago de una multa de 3.750 euros por un delito de coacciones y una falta de injurias contra un sacerdote al que “obligó a paralizar la publicación de un libro sobre la Catedral de Granada”, según recoge la sentencia.
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