Los dueños de viviendas de alquiler ya exigen avales de hasta 10.000 euros

Alquilar un piso es una tarea cada vez más difícil. Además de los elevados precios, provocados en su mayor parte por la escasez de oferta, los interesados en arrendar una vivienda se encuentran con otro impedimento: los avales. En Zaragoza, ocho de cada diez contratos de alquiler exigen un aval que, en ocasiones, llega a superar incluso los 10.000 euros.

«Casi todos los propietarios piden el aval para asegurarse el cobro de las mensualidades», explica Javier Aguilar, del Grupo Inmobiliario Cierzo, especialistas en alquiler. Esto, sin embargo, puede acabar convirtiéndose en un arma de doble filo, ya que si el propietario decide ejecutar este aval y lo cobra, no puede iniciar un procedimiento de desahucio por morosidad contra su inquilino.

El aval, que se suma además a la fianza (que suele ser la renta de uno o dos meses), es en la mayoría de los casos un préstamo personal concedido por el banco que, en lugar de entregar el dinero a su cliente, lo retiene como garantía para el arrendador.

Los intereses de este préstamo, en función de la cantidad solicitada, pueden llegar a incrementar hasta un 20% el precio final que el inquilino acaba pagando por el piso.

Los avales suelen ser de 3, 6 o 12 meses, prorrogables año a año, y se calculan en la mayoría de los casos comprobados por 20 minutos en del piso función de la renta mensual que se paga por el alquiler. En el Actur, por ejemplo, se alquila un piso de 90 metros cuadrados por 900 euros al mes y el propietario exige un aval por un año, lo que supone 10.800 euros.

En la zona de Miraflores, para acceder a un piso de 85 metros cuadrados y una renta de 850 euros, hay que disponer de un aval de seis meses (5.100 euros).

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