La lista de beneficiarios publicada por Vivenda eleva a dos de los candidatos (miembros del colectivo gitano y con iniciales Alfredo J. B. y María B. M.) a los primeros puestos de la lista. Pero ambos constan en el Registro Civil como fallecidos el 16 de abril de 2007 y el 26 de abril de 2006, respectivamente. Un tercero, A. M. L., figura como muerto el 20 de enero de 2007 en el municipio de A Coruña, al igual que los dos anteriores.
Con unas listas definitivas aprobadas hace un mes, y a la espera de que mañana se cierre el período de reclamaciones, una portavoz de Vivenda restó importancia ayer al problema refiriéndose a él como algo «lóxico» dentro de un proceso en el que se manejaron más de 6.300 expedientes, y que se inició hace ya tres años.
Quejas por «xenofobia»
Pendientes de conocer el volumen de alegaciones a las listas que, según Vivenda, podría retrasar hasta más allá de junio la firma de contratos, la asociación gallega del pueblo gitano seguirá luchando contra la «ilegalidad y xenofobia» de las protestas. Mañana, sus representantes se reunirán con el Subdelegado del Gobierno y la concejala de Servicios Sociales.
Prioridad para los familiares
El protocolo que marca la ley autonómica (Artículo 41 del Decreto 257/2004 de 29 de octubre) es muy claro en situaciones de una lista de adjudicados con fallecidos.
En primer lugar, según recalcan en la Consellería de Vivenda, la Administración acude a los descendientes del difunto. Si éstos reúnen los requisitos para la adjudicación, se le concede, ya que tienen derecho de subrogación sobre esa vivienda.
De no encontrar ningún descendiente, o si ninguno de ellos fuera aceptado, la consellería recurriría entonces a la lista de espera. En este caso, la del cupo general, en donde se encuentran ahora los nombres de los tres fallecidos que constan en el Registro Civil.
Todo ello, sin descartar que haya habido más quejas estos días (algo que no confirma Vivenda), lo que podría alterar la lista actual de beneficiarios de los pisos. En cualquier caso, las incógnitas sólo se resolverán al final del proceso, al redactar los contratos para los adjudicatarios. Entonces, y sólo entonces, la Xunta verá cómo solucionar posibles irregularidades.
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