La Abogacía del Estado se muestra a favor de cambiar los nombres de calles a etarras

  • Vulneran el derecho fundamental al honor de las víctimas.
  • El informe surge tras la solicitud del delegado del Gobierno en el País Vasco para modificar el nombre de un parque en Hernani.
  • De no ser atendido este requerimiento en el plazo de un mes, podría impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

La Abogacía del Estado estima que los acuerdos municipales para permitir que vías públicas del País Vasco lleven el nombre de personas vinculadas a actividades terroristas deben considerarse "radicalmente nulos", por lo que cree que esas placas conmemorativas deberían ser retiradas.

El informe responde a una consulta formulada por la delegación del Gobierno en el País Vasco para modificar el nombre del Parque José Manuel Aristimuño -etarra fallecido en un enfrentamiento con la Policía en 1981 en Vitoria- en Hernani (Guipúzcoa).

No sólo atenta al honor de las víctimas sino al de toda la sociedad
Según explica el informe, el acuerdo del Ayuntamiento de Hernani, de 24 de marzo de 1982, es
"nulo de pleno derecho" en la medida en que vulnera el derecho fundamental al honor de las víctimas de los delitos cometidos por Aristimuño.

Añade además que no sólo atenta al honor de las víctimas sino al de toda la sociedad, que desde hace mucho tiempo viene sufriendo las consecuencias de la actividad de la banda terrorista ETA.

El Abogado del Estado entiende que el reconocimiento que realiza el consistorio de Hernani hacia Aritimuño supone una "manifestación expresa por parte de la entidad localsobre las 'bondades' de la actividad de dicha organización terrorista (...) y sobre la heroicidad de un terrorista etarra fallecido".

Por ello, estima procedente que la Delegación del Gobierno en el País Vasco requiera al Ayuntamiento de Hernani que anule el acuerdo, modifique el nombre del parque y retire las placas conmemorativas, y que, de no ser atendido este requerimiento en el plazo de un mes, impugne el referido acuerdo ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

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