El fallo de la OMC, conocido este miércoles, juzga ilegal las prácticas aplicadas por el gigante asiático en el sector automotor, pero según fuentes comerciales, también abre la puerta a que se cuestione toda la política industrial china en varios sectores.

La Unión Europea, Estados Unidos y Canadá presentaron a finales de 2006 una denuncia contra el país asiático, al que acusaban de establecer unas tarifas de importación demasiado altas. Actualmente se están aplicando unas tarifas del 25% para los repuestos, cuando según los demandantes, el arancel tendría que ser del 10%.

La UE, EE UU y Canadá argumentaban, además, que China exige que el 60% de las piezas usadas en la fabricación de un vehículo en el país provengan de productores locales.

En su defensa, el Gobierno chino afirmó que el sistema se había establecido para evitar que se importasen coches enteros por partes y que su país se convirtiera en un simple montador de vehículos.