Así lo anunció el presidente del sindicato, Clemente Hernández, quien también informó de que seis de las quejas presentadas por el profesorado correspondieron a daños indirectos; 81 a indisciplina del alumnado, y 90 a dificultades en el ejercicio de su profesión.

Según los datos recabados por ANPE, el 84% de los profesores agredidos por los alumnos en los centros educativos son mujeres, mientras que el 65% están en situación de interinidad o en prácticas, un hecho que Hernández asocia a la "perspectiva" que tienen los escolares de sus educadores.

El perfil del alumnado que presenta un mayor índice de violencia, con un 72% del total de las agresiones registradas, pertenece a los cursos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de centros tanto públicos como concertados.

La mitad de las denuncias por insultos y ofensas al profesorado pertenecen a casos en los que los padres de los alumnos han intervenido optando por una "permisividad generalizada" y "no aceptando la mala conducta de sus hijos".

Según Jiménez, durante el pasado curso escolar se registraron 136 agresiones menos que en el período 2005-2006, un hecho en el que "ha contribuido" el sindicato de profesionales de enseñanza y su servicio nacional de defensor del profesor, creado para mejorar las condiciones laborales y apoyar la autoridad de este colectivo.

El colectivo de enseñanza cree que la mayor parte de alumnos que generan conflictos son aquellos que carecen de expectativas académicas o pertenecen a familias desestructuradas.

Entre los proyectos del sindicato se encuentran la lucha para que el Gobierno regional asuma un compromiso de "dignificación y respaldo" al profesorado, incluido en el pacto social por la Educación en la Región de Murcia, y la puesta en marcha de procedimientos reglados para la tipificación de conductas contrarias a las normas impuestas en los centros educativos.

Además, ANPE solicitó al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Región, Juan Martínez Moya, que inste al ministerio del ramo a que aplique la calificación de delito de atentando a funcionario público en el caso de las agresiones a docentes.

"Se hace cada vez más difícil trabajar con los alumnos que han perdido determinados valores. Es necesario mejorar la convivencia escolar en los centros a través de este tipo de actuaciones", subrayó Hernández.

El presidente de ANPE también hizo hincapié en que muchos alumnos graban con el móvil las agresiones a sus profesores para colgarlas en internet, "sin darse cuenta de que esto hace mucho daño" y "crean desmotivación y depresión", que en muchos casos derivan en bajas laborales de los docentes.

El sindicato ha recogido testimonios de profesores que han acudido a este organismo para solicitar ayuda, como el caso de un docente que recibía llamadas de sus alumnos a su teléfono particular amenazándolo, o el de otra mujer que durante la clase recibió "un fuerte empujón" de un estudiante.