La Policía Nacional, en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla, ha destapado un supuesto entramado de empresas ficticias que habrían defraudado más de 400.000 euros en la provincia y ha detenido a 110 personas, a las que se les imputan los presuntos delitos de falsedad documental y contra la Seguridad Social, no descartándose nuevas detenciones.

La investigación comenzó con un informe realizado por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social remitido a la Policía, en el que comunicaban supuestas irregularidades detectadas en torno a tres empresas.

Una de las compañías se dedicaba a la compraventa e intermediación de toda clase de fincas rústicas y urbanas y las otras dos, a la construcción, instalaciones y mantenimiento, comercio al mayor y al por menor y distribución comercial.

Las tres presentaban un nexo común: la persona que ejercía como administrador único, de nacionalidad española y con domicilio en la capital hispalense.

Entre las primeras gestiones llevadas a cabo por los agentes, la Policía confirmó que las tres empresas eran totalmente ficticias, que no habían ejercido actividad laboral ninguna y que habían sido utilizadas de forma instrumental para cometer un fraude continuado a la Seguridad Social.

Las siguientes diligencias arrojaron que el administrador único era el presunto cabeza visible de la trama, existiendo al menos tres personas más que ocupaban un puesto en la cúspide de la organización.

La Policía ha señalado que estas tres empresas ficticias "habían sido construidas y utilizadas de forma instrumental con el fin de realizar falsos contratos de trabajo a cambio de fingir una relación laboral, ofrecían a terceras personas contraprestaciones económicas, así estos se beneficiaban de prestaciones indebidas por desempleo, prestaciones por incapacidades temporales, beneficios penitenciarios o trámites en las oficinas de extranjeros con el fin de conseguir un permiso para residir legalmente en España".

El segundo objetivo consistía en "la utilización de las empresas ficticias para dar de alta a su trabajadores, es decir, varios empresarios se aprovechaban de estas empresas pantalla, para dar de alta a sus trabajadores que realmente iban a trabajar en empresas legalmente establecidas, pero fueron dados de alta en las empresas ficticias, con la finalidad de ahorrarse y no hacer frente a los gastos de los seguros sociales de los mismos".

El operativo policial para la localización y detención de los investigados se inició el día 30 de agosto y finalizó el día 2 de diciembre, desarrollándose tanto en la capital, como en distintos puntos de la provincia, existiendo el mayor número de implicados en la localidad de Carmona.

Las detenciones han ascendido a 110, aunque la investigación policial permanecerá abierta hasta la localización y arresto de resto de los presuntos implicados.

La operación, denominada Komochu, está enmarcada en el convenio de colaboración entre el Ministerio de Interior y el de Empleo y Seguridad Social para luchar contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.