Los 250.000 empleados públicos de la Junta volverán de manera "inmediata" a la jornada laboral de 37,5 horas semanales, pero lo harán de una manera "imaginativa", tal y como lo ha calificado el sindicato CSIF-A, uno de los que este lunes firmaron el acuerdo con el Gobierno andaluz para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula la jornada de 35 horas a la semana, acuerdo que este martes será ratificado en forma de decreto en el Consejo de Gobierno.

Así, los trabajadores públicos de la comunidad trabajarán 35 horas a la semana de manera presencial, mientras que las 2,5 horas restantes que ahora están obligados a realizar las dedicarán, incluso desde su domicilio, a la preparación y organización de las tareas propias de su puesto, a consulta de materiales, formación para el reciclaje, perfeccionamiento y desarrollo profesional y cursos online, tareas todas ellas que "se venían realizando, quitando tiempo del ámbito familiar y de ocio, pero que no computaban como jornada y ahora sí", señaló la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero.

En el ámbito sanitario, se mantendrán los turnos y no se alterarán las retribuciones de la jornada complementaria. Mientras, en Educación se reorganizarán las tareas de la jornada lectiva, que se mantiene en 20 horas, si bien ahora se considerará como lectiva una hora de guardia y dos en el curso 2018-2019. El horario de no obligada permanencia pasa de cinco a 7,5 horas.

La aplicación de la medida afectará a toda la Administración andaluza y no supondrá sobrecostes para el Ejecutivo, según puntualizó la consejera, que defendió los beneficios de la "flexibilidad horaria" para la conciliación laboral y familiar. Igualmente, Montero aseguró que este acuerdo va a permitir mantener los 7.000 puestos de trabajo que se obtuvieron gracias a la aplicación de las 35 horas semanales.

Cabe recordar que Andalucía tiene implantada la jornada de 35 horas para sus empleados públicos desde el año 1999 y que fue suspendida en 2012 como consecuencia de las medidas del Gobierno central para hacer frente a la crisis económica. La Junta restituyó dicha jornada a partir del 1 de enero de 2017, tras acordarlo con los sindicatos y como parte de la "recuperación de derechos" de los funcionarios de la comunidad. Posteriormente, el Ejecutivo central presentó un recurso ante el TC contra esta medida, que ahora ha sido aceptado.

Montero afirmó ayer que no contempla que el Gobierno de Mariano Rajoy recurra este nuevo acuerdo. Para ello, alegó que es la comunidad autónoma la que tiene las competencias en materia de organización de la jornada de trabajo. "El Estado no tiene ningún elemento al que agarrase para impugnar el acuerdo, que en algunos sitios ya se hace, como AENA", concluyó la consejera.

El PSOE-A ha criticado el "papelón" del presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno, porque "se ha constatado que es un mediador fracasado" y que "todo lo que toca lo destroza". Mientras, el PP-A ha pedido a la Junta que "no juegue con los funcionarios" y que busque una fórmula que "dé seguridad jurídica".

Por su parte, Podemos Andalucía ha tendido la mano a la Junta frente al "acoso y derribo" que, a su juicio, lleva a cabo el PP en Andalucía. IULV-CA ha dicho que esta es "una injerencia más del PP en la autonomía de Andalucía".

CSIF, CC OO y UGT han valorado el acuerdo alcanzado con la Junta y calificaron de "triste" y "negativa" la sentencia del TC.