Fernández, acompañado por el presidente de la Audiencia Provincial de Huelva, Antonio Germán Pontón, ha asegurado que la figura de los Jueces y Secretarios de Paz, "debe mantenerse y ser potenciada porque supone un forma sencilla y efectiva de acercar la justicia a las personas, pero también es una oportunidad que se ofrece a muchos ciudadanos de participar y conocer un sistema que en muchas ocasiones se percibe distante", ha informado el ente provincial en una nota.
El juez de paz, ha añadido, "es la figura jurídica más próxima al pueblo, mediador y conciliador en los conflictos vecinales, una forma sencilla de acercar la justicia a las personas".
El vicepresidente ha recordado que la Diputación de Huelva viene apoyando la celebración de estas jornadas desde sus inicios, al entender que "se trata de un servicio fundamental que se le presta a la ciudadanía".
Por su parte, el presidente de la Audiencia Provincial ha recordado que "la justicia civil está limitada actualmente al ámbito civil, ya que en el penal no tiene competencias, y fundamentalmente en el ámbito del Registro Civil". Además, ha asegurado que "en cada una de sus localidades, el juez de paz realiza una labor muy importante y los ciudadanos acuden a él para realizarle consultas y solicitarles, en algunos casos, la mediación".
Durante la celebración de este VI Encuentro con los Jueces y Secretarios de Paz se han desarrollado tres ponencias sobre la organización del Registro Civil, los Juzgados de Paz como órganos de mediación, y la nueva reforma en materia de Procedimiento Administrativo Común y del sector público del Estado.
En la provincia de Huelva existen actualmente 73 jueces de paz, distribuidos en los distintos partidos judiciales. Los Juzgados de Paz de la provincia onubense resuelven asuntos tales como juicios de faltas, actos conciliación, exhortos civiles, exhortos penales y expedientes gubernativos, así como inscripciones en el Registro Civil. Los jueces de paz son figuras mediadoras encargadas de resolver litigios de pequeña cuantía económica o de menor relevancia legal dentro de una comunidad.
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