En un comunicado, la asociación ha enfatizado que la Ley de Extranjería solo recoge el internamiento preventivo en centros de internamiento y previa autorización judicial y, según el Tribunal Constitucional, el internamiento es una medida cautelar que debe regirse por los principios de subsidiariedad y de excepcionalidad.

En este sentido, subraya que en España esto "no se está aplicando de forma subsidiaria" ya que, según denuncia, "habitualmente se dispone como primera medida cautelar, sin que previamente se haya impuesto alguna de las medidas alternativas menos gravosas que contempla la legislación para asegurar la expulsión, como por ejemplo la presentación periódica ante las autoridades competentes".

A ello se suma la evidencia de que el internamiento de inmigrantes en situación irregular "es un sistema fallido". Según ha indicado la asociación citando datos oficiales, la cifra de expulsados apenas alcanza el 40 por ciento de los extranjeros que han sido internados, siendo los demás puestos en libertad tras haber permanecido privados de libertad

hasta sesenta días en un centro de internamiento.

Entre las causas que impiden la expulsión está que no existen acuerdos de readmisión bilaterales con España, o que por sus circunstancias personales o familiares gocen de vínculos o arraigo en nuestro país. En estos casos, ha recordado el internamiento deja de cumplir su finalidad cautelar de ejecución de una orden de expulsión y se convierte en una medida represiva constitutiva de una detención arbitraria.

Por todo ello, la Asociación Pro Derechos Humanos de España ha reclamado que el internamiento de extranjeros se aplique "en casos excepcionales y de forma subsidiaria, única y exclusivamente cuando se haya quebrantado una medida cautelar menos gravosa impuesta previamente".

Asimismo, ha pedido que se evite el internamiento de los migrantes "que no podrán ser expulsados", para lo que la Policía deberá analizar las posibilidades reales de repatriación y los magistrados, abstenerse de autorizar el internamiento cuando la expulsión no pueda ser materializada.

Tras abogar por reducir el plazo máximo de internamiento a 15 días, la asociación también ha apostado porque los centros de internamiento tengan los mismos protocolos de actuación, "superando las divergentes formas de proceder en cada uno de ellos".

Al Ministerio de Interior le exige que limite su actuación "a las funciones de custodia y seguridad" de los internos, de modo que sean las demás administraciones las que asuman "no sólo el desarrollo operativo de los aspectos sanitarios, sociales o jurídicos, sino también la dirección y gestión en sus respectivos ámbitos de competencia".

Finalmente, ha reclamado que los centros se inspeccionen de forma eficaz, adoptando las medidas necesarias para la mejora de la alimentación, higiene y atención sanitaria, así como que se investiguen de forma efectiva e imparcial las denuncias de actos discriminatorios y racistas, malos tratos y torturas.