Las clínicas dentales de Funnydent acumularon una deuda de 15,7 millones de euros

Las clínicas dentales de Funnydent acumularon una deuda de 15,7 millones de euros

Clínica Funnydent
Una pareja pasa ante la clínica Funnydent de Torrejón de Ardoz, uno de los nueve centros cerrados inesperadamente por la cadena, que dispone en España de nueve clínicas siete en Madrid y dos en Cataluña (en Sabadell y Mataró). (Chema Moya / EFE)
  • Según un informe de los administradores nombrados por el juzgado.
  • El documento abarca el periodo del 16 de marzo de 2016 al 30 de agosto de 2017 y ha sido remitido al Juzgado de Instrucción 4 de Navalcarnero.
  • El caso se encuentra ya en la Audiencia Provincial, que deberá resolver los recursos de apelación de los afectados contra el archivo de la causa.

Los administradores únicos de las clínicas dentales Funnydent, nombrados por el juzgado, han asegurado que la deuda de la empresa cuando estaba dirigida por su anterior administrador, Cristóbal López Vivar, era de 15,7 millones de euros.

Son datos que figuran en un informe detallado de las actuaciones y rendición de cuentas de la administración judicial, que abarca el periodo del 16 de marzo de 2016 al 30 de agosto de 2017, y que ha sido remitido al Juzgado de Instrucción número 4 de Navalcarnero.

En el informe, los administradores cifran la deuda global de las diez clínicas (ocho en Madrid y dos en Barcelona) en 15.776.000 millones de euros, una cantidad que hace referencia a la situación de los establecimientos en marzo de 2016.

Al respecto, la situación económica que encontraron fue la siguiente: Seguridad Social (1.339.000) Agencia Tributaria(213.000) Bancos (2.813.000), proveedores (2.350.000), financiaciones de clientes (8.151.000) y trabajadores (900.000).

De estas cifras, los administradores destacan la "considerable producción pendiente" (tratamientos financiados y no realizados) con "una deuda muy importante con las entidades financiadoras de dichos tratamientos".

Todo ello pese a que la contabilidad externa dedujo que la facturación mensual de las clínicas ascendía a 1,5 millones de euros.

Además, explican que en los días previos al cierre de las clínicas - el 28 de enero de 2016-, "los trabajadores fueron despedidos de forma verbal" y al momento del inicio de las actuaciones de la administración judicial -marzo de 2016- no había trabajadores de alta en la empresa.

De esta situación derivó una "avalancha de demandas y reclamaciones por vía laboral", que motivó la contratación de los servicios de un gabinete jurídico especializado a fin de ordenar la situación de los trabajadores despedidos.

Seis meses más tarde, el informe detalla que ya había 88 sentencias dictadas, 124 causas celebradas y hasta 98 procedimientos con juicios señalados para fechas posteriores, aunque el documento no detalla como se han ido resolviendo estas causas.

"Números actos de vandalismo"

El informe también señala que los establecimientos cuentan con bienes tasados en casi un millón y medio de euros, si bien precisa que "en los días anteriores al cierre se produjeron números actos de vandalismo lo que ha dificultado mucho la realización del inventario".

"Hemos detectado que se han sustraído todos los equipos láser, numerosos televisores y casi la totalidad de los equipos informáticos", afirman los administradores, que añaden que "no se ha podido nunca obtener la contabilidad cierta de las empresas sino que hubo de reconstruirse".

Para salvaguardar el material por parte del anterior administrador "se entregaron en custodia numerosos y valiosísimos elementos materiales" a dos proveedores, quienes hasta la fecha y pese a ser requeridos, solo uno de ellos ha devuelto "los servidores en estado ruinoso totalmente inservibles".

La administración judicial explica que pese a la situación encontrada, "que ya era grave en los últimos meses de 2015", ha venido realizando "prácticamente sin medios económicos diversas actuaciones para atender a los afectados y en medida de lo posible salvaguardar el activo de las empresas intervenidas".

Actualmente, añaden, existen cinco clínicas al servicio que atienden a los afectados y disponen de cierto patrimonio y activos para poner a disposición de los acreedores del grupo de empresas.

El caso Funnydent se encuentra ya en la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá resolver los recursos de apelación presentados por los afectados contra el archivo de la causa que decretó la juez de Navalcarnero, que no aprecia indicio alguna de estafa sino más bien de "una pésima gestión empresarial".

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