En su intervención, Bernal ha explicado que este edificio, clásico, se levantó sobre unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento el 4 de octubre de 1956, a lo que el 12 de junio de 1986 se sumó otro acuerdo municipal para ceder los terrenos con los que se amplió el complejo judicial, que se completó con la adquisición de suelos comprados a particulares por el Ministerio de Justicia.

Los primeros terrenos fueron cedidos con dos condiciones: que se construyeran en los cinco años siguientes y que se destinaran a la función judicial durante, al menos, 30 años, lo que ha ocurrido. Actualmente constan en el Registro de la Propiedad a favor de la Comunidad Autónoma y en 2014 el consejero de Hacienda aprobó una Orden de desafección de los usos judiciales.

El 12 de febrero de 2016, el Ayuntamiento comunicó al Gobierno regional que había solicitado la reversión de los suelos cedidos en 1956 y 1986, amparándose en una sentencia del Tribunal Supremo de 2006. "Entiende el Gobierno que no procede la reversión" de los suelos de 1956, ha dicho Bernal, subrayando que se han cumplido los requisitos acordados entonces por el Ayuntamiento.

En el caso de los terrenos cedidos en 1986, ha continuado el director general, la desafección de los usos judiciales se realizó en 2014, dos años antes de cumplirse el plazo de tres décadas que la Ley de Patrimonio Estatal señala para considerar consumada la cesión gratuita en casos como este, en el que no se fijó un plazo mínimo de uso judicial, de forma que "podría subsistir un hipotético derecho de reversión".

Bernal ha dicho que había alcanzado un "acuerdo verbal" con el Ayuntamiento para la cesión de uso de una parte del edificio clásico "como forma de compensar al ayuntamiento al no haber transcurrido los 30 años", reconociendo que "este acuerdo quedaba pendiente de formalizar", pero en mayo de 2017 el Gobierno local insistió en la reversión de todo el complejo, lo que "no sabemos interpretar" puesto que antes alcanzaron un acuerdo informal, aunque el Consistorio no ha realizado una reclamación judicial.

"Lo que conviene es llegar a un acuerdo dejando sin efecto la solicitud de reversión y se avenga a retomar el acuerdo sobre el uso conjunto del edificio", ha asegurado el director general, añadiendo que "para el Gobierno de Aragón está vigente el preacuerdo verbal al que se llegó en el primer semestre de este año", ha dicho, manifestando su disposición a cerrarlo "cuando el Ayuntamiento reconsidere su postura", aunque "hay varias fichas sobre el tablero".

SERVICIOS SOCIALES

En cuanto a la zona de ampliación de los juzgados, el Gobierno de Aragón considera que deben destinarse a "hacer ciudad", para lo que el director general ha propuesto trasladar las oficinas del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales junto con las entidades públicas dependientes del mismo, actualmente dispersos en cinco sedes en la ciudad.

Este proyecto, con un presupuesto de ejecución material de 775.000 euros estará terminado en 2019 y la redacción del proyecto se ha licitado por 45.000 euros, con la previsión de que esté finalizado antes de final de año. Se trasladarían unos 500 empleados públicos y habría un movimiento de unas 140.000 personas al año, lo que "podría revitalizar" la zona.

HACER CIUDAD

El diputado del PP, Antonio Suárez, ha dicho que si no se ha firmado un acuerdo no lo hay y ha considerado que darle un nuevo uso a estos edificios debe servir para evitar la degradación de los mismos, "que siempre es posible", y "revitalizar esa zona del Casco Histórico", así como mejorar los servicios a los zaragozanos, siempre desde la eficiencia económica. Este acuerdo "es imprescindible si queremos hacer ciudad", ha añadido.

En representación del PSOE, Alfredo Sancho ha aseverado que "revitalizar esa zona es primordial", apostando por un "acuerdo global" con el Ayuntamiento.

Desde Podemos, Amparo Bella ha defendido la conversión de parte del complejo en centro cívico municipal en el marco de una "ciudad habitable", considerando que "si hay acuerdo no se llegará a judicializar el tema".

La diputada del PAR, Elena Allué, ha lamentado que "ninguna de las dos Administraciones tiene claro cuáles van a ser los usos de los edificios", a lo que se añade "la falta de sintonía". Ha recordado que hay otros edificios sin uso en la ciudad, como el Pabellón de Aragón de la Expo 2008 o la antigua Escuela de Artes.

El portavoz adjunto de Cs, Javier Martínez, ha emplazado a ambas partes a tomarse "muy en serio" este asunto, tras lo que ha dicho que el Gobierno de Aragón ha intentado negociar otras cuestiones con Podemos y ZEC y "les han dejado tirados" en temas "mucho más relevantes".

El diputado de CHA-Grupo Mixto, Gregorio Briz, ha apostado por evitar que esta zona de Zaragoza se pueda degradar, lo que exige "reutilizar" los edificios. Ha pedido claridad sobre este asunto y no "datos confusos".