La causa abierta en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Santiago para determinar si hubo prevaricación en la adjudicación de un concurso de ambulancias de la Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 en el año 2014 sigue en la vía judicial y en junio se acordó, a instancias de la Fiscalía, prorrogar durante 18 meses más una instrucción que ya había sido declarada previamente compleja.

Esta decisión fue recurrida por el técnico responsable de transporte del 061 M.A.M., único investigado en el marco de este caso que pretende aclarar si hubo irregularidades en la adjudicación del concurso para el transporte sanitario urgente resuelto tres años atrás, cuyo montante asciende a 121,6 millones de euros. El fiscal Álvaro García Ortiz se opuso a este recurso y defendió la necesidad de seguir investigando.

Frente al auto de junio que accedía a la petición de prórroga instada por el Ministerio Fiscal, la defensa del técnico presentó un recurso de apelación en el que esgrimía que dicha petición "no se justifica de ningún modo", al tiempo que aludía a los daños que la "dilación" de la causa supone para su defendido.

De hecho, la defensa de M.A.M., que prestó declaración en mayo de 2016, incidía en que las últimas diligencias de instrucción acordadas se remiten a octubre del año pasado y consisten en la petición de un informe policial ampliatorio de los anteriores, que todavía no ha sido evacuado.

En noviembre del año pasado la representación legal del empresario lucense que denunció las supuestas irregularidades había pedido nuevas diligencias y más declaraciones en calidad de investigado, entre otros, del director del 061, José Antonio Iglesias.

La jueza respondió en diciembre que se acordaría según el resultado de las diligencias policiales pendientes y el proceso sigue pendiente de las mismas.

"PENA DE BANQUILLO"

Así las cosas, la defensa del técnico del 061 defendió en su recurso que "sea por las razones que sea" las diligencias ordenadas a la Policía Judicial están teniendo "una tramitación de un año de media por cada una de las instadas", lo que considera que confronta con el derecho "a un procedimiento sin dilaciones indebidas y a no sufrir procedimientos que se perpetúen en el tiempo sometidos a la llamada pena de banquillo".

"En términos de absoluto respeto y sin cuestionar la actuación del Juzgado", barajaba que el hecho es que hay una tardanza que repercute en su defendido "ya sea porque exista un excesivo afán de investigar prospectivamente para ver qué se encuentra o ya sea porque no se instan diligencias de investigación o las instadas no se llevan a cabo.

De hecho, esgrimía que, si se mantienen estos plazos, ni siquiera "una nueva prórroga de 18 meses" será "suficiente" para dar por concluida la instrucción y resaltaba que M.A.M. "no obstaculizó de ningún modo la labor investigadora", además de esgrimir que el fiscal "no ha interesado en todo este tiempo ninguna actuación".

Todas estas cuestiones, argumentaba, reafirman que "difícilmente se puede compadecer una nueva declaración de complejidad" de la causa con el derecho constitucional del investigado "a un procedimiento sin dilaciones indebidas".

"TODAVÍA EN EL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN"

En respuesta al recurso, según la información a la que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal Álvaro García Ortiz remitió un escrito en julio en el que advertía que las alegaciones de la parte recurrente "no son procedentes" y reprobaba incluso "el lenguaje adoptado".

A su juicio, "poco hay que justificar para solicitar la complejidad" y se remitía al informe de octubre de 2016 de la Policía Judicial, en el que ésta interesaba la declaración de varios testigos en vista de las primeras diligencias realizadas.

El fiscal también aludió a las diligencias solicitadas por la representación del empresario lucense que denunció y a la providencia en la que la jueza Margarita Guillén condiciona una decisión al resultado de los informes policiales pendientes.

Así las cosas, se reafirmaba "con más razón" en la necesidad de la declaración de complejidad "pues la causa está todavía en el inicio de su investigación".

SUPUESTA INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

El juzgado compostelano del que es titular Margarita Guillén abrió la causa sobre la adjudicación del servicio de transporte sanitario urgente a raíz de la denuncia de supuestas irregularidades que formalizó José Domingo Rodríguez, un empresario lucense excluido del concurso. Lo hizo a instancias de la Fiscalía, que recomendó en octubre de 2015 la admisión a trámite de la denuncia.

Los hechos arrancaron el 26 de noviembre de 2014, cuando la Fundación 061 publicó en el Diario Oficial de Galicia (DOG) los pliegos de condiciones relativos a la licitación pública, por procedimiento abierto, para la contratación del servicio de transporte sanitario urgente terrestre.

La prestación del servicio y la presentación de ofertas se dividió en 14 lotes (por áreas de transporte), y el 061 fijó un plazo de 15 días naturales para la presentación de las ofertas. Finalmente, la parte denunciante subraya que el concurso fue adjudicado a empresas que trabajaban con la carrocera ourensana Rodríguez López -un 95,5 por ciento-, y la portuguesa Autos Ribeiro -el resto-, entre ellas, Ambuibérica.

La investigación intenta determinar si, como concluye la Policía Judicial, la Administración pudo usar para el concurso pliegos de condiciones facilitados antes a la carta por la carrocera ourensana "en connivencia" con la lusa, lo que habría permitido a las firmas que trabajaron con ella dotarse de ambulancias con las características exigidas en tiempo récord.

El empresario lucense denunciante aportó documentación, incorporada a la causa, según la cual el adjudicatario que se quedó con el lote de la Mariña Lucense, Ambulancias Burela, disponía de ambulancias matriculadas y rotuladas meses antes de que se resolviese la adjudicación, lo que respalda las sospechas de la Policía de que hubo aspirantes que pudieron tener una posición de dominio sobre el resto.

Por su parte, Sanidade ha defendido reiteradamente que el concurso investigado se realizó "conforme a la normativa vigente" y "garantizando en todo momento el cumplimiento estricto de la legislación".