Las preguntas se refieren a un incidente ocurrido el pasado 1 de septiembre, cuando, "a pesar de sólo haber un jefe de Dotación para los dos parques de bomberos, los gestores del aeropuerto no bajaron el nivel de protección del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SSEI) ni se ofreció información por el Servicio Automático de Información de Terminal (ATIS), una emisión continua de información necesaria para los pilotos de los aviones que aterrizan y despegan en los aeropuertos".

Así, han señalado en un comunicado que la normativa internacional, europea y española referente al SSEI dicta que al aeropuerto de Málaga le corresponde una categoría de protección 9, "lo que en número de medios humanos, equivale a una plantilla mínima operativa permanente de seis bomberos más un jefe de Dotación por parque".

Por ello, y atendiendo a la normativa, "al faltar uno de estos superiores de los servicios de extinción, la categoría de seguridad en el segundo parque debía bajar de la nueve a la cinco, lo que implicaba que las aeronaves que podían operar en esas circunstancias debían tener una máximo de 28 metros de envergadura, medidas que superaron 12 de los 14 aviones que operaron en ese periodo de tiempo en el aeropuerto malagueño".

Desde Unidos Podemos se pregunta al Gobierno que aclare "si estuvieron fuera de la normativa 12 de las 14 operaciones" descritas; "por qué los gestores del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol no bajaron la categoría de protección" y cuáles fueron las razones para no comunicarlo por ATIS.

Igualmente cuestionarán sobre las actuaciones que prevé poner en marcha el Ejecutivo en caso de que los hechos descritos incumplieran la normativa de seguridad así como los planes del Gobierno para que el parque de bomberos número dos del aeródromo opere en horario de 24 horas.

Han recordado que Unidos Podemos se reunió hace un mes con representantes del Sindicato de Bomberos de Aeropuertos en Málaga, donde éstos comunicaron que la pérdida del carácter de servicio público del servicio había traído "numerosos problemas" al colectivo, que repercutían en la seguridad de los pasajeros y el resto de ciudadanos. "Con la privatización -declararon- no cuentan con inversión material, se encuentran en una indefensión jurídica y no reciben formación", ha finalizado.