En rueda de prensa, ha cifrado en "más del 93 por ciento" el consenso entre todos los grupos, tras 13 meses de trabajo en los que se han debatido 109 enmiendas, llegando a acuerdos por unanimidad o a través de textos transaccionados y retirándose así algunas modificaciones propuestas por las diferentes formaciones.

En concreto, se han analizado 27 enmiendas de IU, 21 de Podemos, 20 de Ciudadanos, 19 del PSOE, 13 del Partido Aragonés y 8 de CHA. El PP ha registrado también una enmienda. Junto a Ledesma, han formado la ponencia el socialista Darío Villagrasa, Violeta Barba por Podemos, María Herrero, del PAR, y Patricia Luquin como representante del Grupo Mixto -CHA e IU-.

El parlamentario 'popular' ha comentado que el texto inicial, promovido por su grupo, se presentó "a todos los sectores implicados", como Colegios de Abogados y

letrados que prestan los servicios a los que hace referencia la ley, a quienes se solicitó que contribuyesen a mejorar el documento proponiendo enmiendas a los diferentes grupos.

Ledesma ha apuntado que se han mantenido cuatro enmiendas para el pleno, del PAR y de Ciudadanos, en las que se aboga por ampliar los servicios que han de incluirse en esta ley, enmiendas que "se han desechado" en la ponencia porque esos servicios "no tenían rango estructural" o porque el Gobierno está estudiando hacer una ley específica, como el servicio de mediación, que puede ser intra y extrajudicial, ha apuntado.

Así, la nueva norma contempla que sean prestados por los Colegios de Abogados de la Comunidad el Servicio de Asesoramiento y Orientación Jurídica a Inmigrantes, el Servicio de Orientación Penitenciaria y el Servicio de Asesoramiento Jurídico Individualizado a las Mujeres, integrados todos ellos en la justicia gratuita.

El diputado del PP ha indicado que este jueves, 19 de octubre, se votará en el pleno de las Cortes de Aragón la ley, que espera que tenga el mismo resultado que el logrado este lunes en la Comisión Institucional.

INTEGRAR

El parlamentario 'popular' ha explicado que esta norma trata de "garantizar como un elemento más de la justicia gratuita global estas tres asesorías jurídicas especializadas", algo que requiere de rango de ley.

Según ha sintetizado, el objetivo es "facilitar la calidad democrática de la sociedad para que colectivos que forman parte de ella no estén marginados o discriminados" y "mejorar el bienestar social facilitando instrumentos para que quien sufre situaciones injustas pueda luchar y salir adelante, independientemente de sus recursos económicos y su situación como colectivo".

Ledesma ha defendido que estos servicios sean prestados por los Colegios de Abogados porque son quienes "mayor cobertura territorial tienen, mayor número de abogados especializados y mayor control deontológico de la profesión".

Ha recordado cómo en 2016, "cuando se tuvo que renovar el servicio de asesoría a mujeres, hubo incertidumbre de si se iba a sacar a concurso y se podía adjudicar a una empresas o continuar los Colegios", para comentar que la ley contempla un periodo transitorio para que entre en vigor una vez finalicen los concursos actuales.

Así, el próximo 31 de diciembre finaliza el relativo a inmigrantes y en verano del año que viene el de mujeres, mientras que el Servicio de Orientación Penitenciaria dejó de tener financiación pública en 2015 "por problemas técnicos y jurídicos", ha relatado Ledesma.

Por eso, ha comentado que una vez se apruebe la ley, el Gobierno de Aragón puede demostrar su predisposición a cumplirla aportando financiación a este último. Ledesma ha añadido que el cumplimiento de esta ley contempla que haya partidas en el Presupuesto de la Comunidad autónoma para cada uno de estos servicios.

LUCHAR CONTRA LA INJUSTICIA

El diputado del PP ha subrayado que "estos servicios no buscan hacer más confortables situaciones injustas, sino mejorar esas situaciones y nuestra sociedad del bienestar" y ha aclarado que estos servicios llevan prestándose más de 20 años en Aragón, primero de forma desinteresada por parte de los Colegios de Abogados y ahora dentro de la cartera de servicios públicos.

Asimismo, ha comentado que el servicio a inmigrantes colabora a su integración, igual que el de orientación penitenciaria, que primero permite a los internos "pacificar su vida en los centros de reclusión al conocer las distintas opciones que tienen de permisos y demás, después tener los instrumentos para integrarse en la sociedad".

Por su parte, el servicio de asesoramiento jurídico individualizado a las mujeres contribuye a "reducir el riesgo de discriminación que sufren, mayoritariamente en el medio rural" por lo que también es una herramienta en la lucha contra la despoblación, ha esgrimido el parlamentario del PP, además de que tiene "un fuerte carácter de lucha contra la violencia que sufren las mujeres".