La irrupción por sorpresa del drogotest en las carreteras vascas no ha dejado indiferente a nadie. A pesar de que la motivación que subyace tras el proyecto, consistente en erradicar de los viales a los conductores potencialmente peligrosos, es compartida y aplaudida por todos los sectores sociales, son muchos los disconformes con la metodología aplicada por el Departamento vasco de Interior.

El aparato no convence, la base legal sobre la que se asienta es calificada, de forma indulgente, de "frágil" e incluso hay quienes adivinan un fabuloso negocio farmacéutico escondido tras el temido test, según recoge el Diario de Noticias de Álava .

Juan María Lersundi, portavoz en el País Vasco de la Asociación Stop Accidentes , tiene las cosas claras. "En el caso del consumo de estupefacientes, tolerancia cero". Las cifras mandan y Juan Mari recuerda que a lo largo de 2006, de las 67 personas que fallecieron en accidentes de tráfico en Euskadi, 11 dieron positivo en los test toxicológicos.

Ciudadanos preocupados

Por otro lado, a Dagania Fraile, abogada experta en asuntos relacionados con el consumo de estupefacientes, le llueven las consultas de ciudadanos preocupados por lo que les puede suceder ante uno de los novedosos narcotest. "Te puedes negar a realizarlo, pero en función de cómo te niegues puede ser considerado desobediencia y enfrentarte a dos posibles delitos. "Lo que está claro es que el análisis no tiene sentido si no se conduce en condiciones que denoten que el conductor se halla bajo los efectos de sustancias tóxicas", explica.

Mario Arnaldo, presidente de la Asociación de Automovilistas Europeos , es partidario de emprender acciones contra los pilotos peligrosos. "Me da igual que hablemos de una caña, de un porro o de un fármaco legal. Al volante hay que estar en las mejores condiciones psicofísicas", señala. "Celebro que el Gobierno Vasco tome cartas en el asunto, pero jurídicamente hace aguas", agrega.

Por último, Martín Barriuso es miembro de la asociación de usuarios de cannabis Pannagh y rechaza los drogotest de la Ertzaintza por "inexactos, discriminatorios, carecer de base legal y provocar inseguridad jurídica". "Las sanciones son ilegales, los test alegales y en principio no habría obligación de someterse a ellos", manifiesta.

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