Miércoles 27 de septiembre. Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. A las 10.20 horas despega un avión fletado por la Policía Nacional con destino Lima y escala en Bogotá. En él viajan 43 colombianos y 7 peruanos, incluidos en los 2.508 deportados este año, que suman entre todos ellos 3.327 delitos.

Desde las 7 de la mañana, Efe ha podido ser testigo de todo el protocolo que la Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones (UCER), perteneciente a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía, ha llevado a cabo para que los deportados vuelvan a poner el pie en su país de origen sin que nada altere el proceso.

Y como "notarios" de todo ese procedimiento, viajan en el avión un agente de la agencia europea Frontex, dos miembros del Mecanismo de Prevención contra la Tortura de la Oficina del Defensor del Pueblo y una funcionaria de la Secretaría de Estado de Seguridad, además de un médico y una diplomada universitaria en enfermería para atender a los deportados.

Es un vuelo especial entre los de estas características que ha realizado este año la UCER, los llamados vuelos macros (379 expulsados con 898 antecedentes en 2017), ya que el despliegue policial en Cataluña no ha permitido contar con agentes de las UIP como en otras ocasiones.

Aún así, cien policías de la UCER suben al avión, ya que además de un agente escolta por cada repatriado, viaja un grupo de reacción por si tuviera que intervenir.

También es un vuelo especial porque es el segundo en este año que aprovechará la vuelta para traer desde Perú presos españoles.

Casi dos meses de trabajo ha costado a la UCER, tal y como explican sus responsables, organizar este traslado, desde el aviso a los propios deportados, hasta la reserva de hoteles, pasando por la coordinación con los agregados de Interior en los países de destino o la negociación con la compañía aérea (sale a concurso cada dos años) que hará el trayecto (la UTE Evelop-Air Nostrum).

Al menos tres horas antes del despegue, tiene lugar un briefing para informar a los policías de todo lo relativo al vuelo y su seguridad. Los agentes van vestidos de paisano, pero portan todos un chaleco amarillo con el emblema de la Policía y su número identificativo, como recomendó el Defensor del Pueblo.

La Policía también ha atendido otras dos recomendaciones de esta institución: que viajen intérpretes (en este caso no era necesario) y que haya un libro de registro que especifique qué medio de contención se pone a cada repatriado, si se pone.

Poco a poco van llegando a las instalaciones aeroportuarias los deportados, procedentes de diferentes CIE y prisiones. Solo tres no tienen antecedentes y uno —una joven colombiana— ha pedido voluntariamente volver a su país. Ninguno es especialmente peligroso, según ha constatado la Policía, y la mayoría ha estado recluido por malos tratos o por drogas.

Los agentes verifican si los repatriados llevan la documentación necesaria, recogen sus efectos más personales (como teléfono móvil) en bolsas transparentes que guardan hasta la llegada y recepcionan e inspeccionan el equipaje antes de almacenarlo en la bodega del avión.

De uno en uno, son cacheados para pasar después a una sala de espera vigilados por más agentes. Efe pudo ver cómo en todo este proceso no se produjo incidente alguno y los expulsados estuvieron tranquilos.

Una vez comprobado que todo está en regla y asignado un agente por cada deportado, los expulsados son trasladados de uno en uno al autobús "jardinera" que les llevará al avión. Hasta que no esté controlado, no entrará el siguiente, ya que se trata de uno de los momentos de más riesgo de intento de fuga.

Como lo es también el desplazamiento desde la "jardinera" al interior del avión, por lo que, al igual que en el paso anterior, los agentes forman un pasillo de seguridad —incluida la escalerilla— mientras cada repatriado es conducido por su escolta hasta la aeronave.

Ya dentro, se sentarán en la zona del avión más alejada de la cabina, acompañado cada deportado de su escolta, que durante todo el vuelo no se moverá de su lado, le acompañará al baño cuando lo necesite o avisará al servicio médico si el expulsado lo requiere.

Los policías no pueden portar armas, pero sí disponen de lazos para atar las muñecas de los expulsados (no se usan grilletes) y de cinturones inmovilizadores en caso de que sea necesario. Ni antes del embarque, ni durante este ni en el vuelo fue preciso el uso de medidas coercitivas.

De todos modos, y dadas las características especiales de un avión, los agentes han sido formados en técnicas especiales de inmovilización, teniendo en cuenta el espacio reducido el que tienen que actuar. Cuentan los mandos de la UCER que gracias a esos cursos, se han reducido un 80% los incidentes.

Aunque gran parte del vuelo transcurre por la noche, la luz permanece encendida. Ni los deportados ni el resto del pasaje disponen de cuchillo (ni siquiera de plástico) en sus bandejas de comida, ni se sirven latas de bebida ni, por su puesto, alcohol.

Durante el vuelo Efe también observó largas conversaciones entre los deportados y sus escoltas y cómo apenas tuvo que intervenir el servicio médico. Tan solo para algún dolor de cabeza y poco más. Antes de la salida, el facultativo ya contaba con los datos médicos de cada uno.

Los funcionarios del Defensor del Pueblo aprovechan el vuelo para entrevistar a los expulsados que así lo pidan y a otros de forma aleatoria, además de repasar de forma exhaustiva los expedientes de cada uno y comprobar si ha habido alguna irregularidad.

Aseguran estos funcionarios que en estos vuelos la Policía cumple con el protocolo, y señalan que lo peor es conocer de boca de los expulsados lo que en muchos casos les espera en su país.

Ya en tierra, un nuevo pasillo policial asegura la salida de los repatriados hasta la "jardinera", no sin antes haberles entregado sus pertenencias personales. Las fuerzas de seguridad de Colombia y Perú se harán cargo de ellos en cada territorio. Atrás dejan otro país, España, al que no podrán volver en mucho tiempo por decisión judicial.