El juzgado de instrucción número 7 de Barcelona ha abierto diligencias para investigar las actuaciones policiales del pasado 1-O, por si fueran constitutivas de un delito de lesiones, tras las denuncias presentadas por 130 ciudadanos que resultaron heridos.

En un auto, el juez explica que intentará determinar si hubo "proporcionalidad" en la actuación de la Policía Nacional en 23 locales —no solo en uno como pedía la Fiscalía— y si la intervención policial "afectó a la normal convivencia". Asimismo, ha instado a la Fiscalía a no "minimizar la gravedad" de lo ocurrido.

Por otra parte, un total de 17 juzgados catalanes han abierto diligencias para investigar la supuesta inactividad y desobediencia de los Mossos d'Esquadra ante las instrucciones judiciales que les ordenaban cerrar los colegios electorales el 1-O, según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

"Afectación de la normal convivencia la hubo, toda vez que existieron disturbios y lesionados en al menos 17 lugares distintos de la ciudad en una misma mañana", dice el juez.

Recuerda, además, que hasta martes recibió un total de 99 partes de lesiones -la mayoría leves, de hematomas y erosiones pero también dos casos de lesiones graves- y denuncias de diferentes personas que se encontraban en el lugar de los hechos y dicen haber sido agredidas por los agentes.

"Ante la avalancha de denuncias y partes médicos derivados de la actuación de los agentes del CNP -Policía Nacional- el día 1 de octubre en esta ciudad, debe rechazarse la petición del fiscal de investigar únicamente los hechos ocurridos en la Escola Infant de Jesús, de la calle Avenir de Barcelona, donde paradójicamente afirma el CNP que no actuó", dice el juez.

También discrepa del argumento de la Fiscalía de que no estuvieron afectados la mayoría de los centros de votación, que el Ministerio Público expuso al descartar que hubo una violencia generalizada: "No puede ser utilizado para minimizar la gravedad que puedan tener hechos concretos y determinados", responde el juzgado.

"Si es cierto que los agentes del CNP se encontraban en el desarrollo de sus funciones y cumpliendo un mandato judicial, no debe evitarse el análisis de lo ocurrido para comprobar o descartar la proporcionalidad en el uso de la fuerza", concluye el juez.

El fiscal también afirmaba en su escrito que el derecho de libertad de expresión, reunión y manifestación debe ejercerse con respeto a la ley y que, en este caso, el referéndum había sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional (TC).

Sin embargo, el juez le ha respondido que lo que era ilegal era la convocatoria pero "no es ilegal ni ilícito que los ciudadanos, convocados por una administración autonómica, se dirigieran a los puntos de votación que se les indicó (...) a realizar cualquier actividad que allí se hubiera programado incluido depositar un papel sin valor legal en una urna".

"Voto que, en todo caso, no puede producir ningún efecto jurídico relevante, al estar suspendida la ley que le daba tal sustento", admite el juez. Por todo ello, el juez ha abierto una treintena de piezas separadas --una por cada centro de votación-- desde la que se irá llamando a lesionados, investigados y testigos que corresponda.