La enmienda, negociada entre el PP y CiU, establece también la obligación de proveer un sistema de sustitución adecuado para garantizar, en todo caso, que quienes tengan derecho a contraer matrimonio puedan efectivamente celebrarlo.

La enmienda resultó aprobada con los votos a favor del PP y de CiU (13), la abstención del PNV y el rechazo del resto de los grupos (11).

Sin embargo, la Comisión de Justicia del Senado rechazó hoy los vetos presentados por el PP y el senador de Unió Democrática de Catalunya, Jordi Casas y Bedós, al proyecto de ley que permitirá el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El veto del PP sólo obtuvo el respaldo de sus senadores y fue rechazado por trece votos en contra y doce a favor; mientras que el de Unió no recabó ningún apoyo, ya que el representante de CiU en la Comisión, Lluis Badía, votó en contra, y los doce parlamentarios del PP se abstuvieron.

Sus argumentos no convencieron a ningún otro grupo parlamentario, cuyos portavoces sostuvieron que el proyecto no perjudica a nadie, sino que extiende derechos a ciudadanos que ahora carecen de ellos.

Matrimonio "desnaturalizado"

Sin embargo, para la portavoz del PP, Rosa Vindel, y para el senador de Unió, Casas y Bedós, el proyecto se ha presentado sin el necesario debate social y en contra de los informes del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial que apostaron por no "desnaturalizar" el matrimonio.

Ante su afirmación, el portavoz socialista, Arcadio Díaz Tejera, preguntó por qué se tiene "pánico" a llamar matrimonio a las parejas homosexuales que quieren casarse y sostuvo la necesidad de acompasar el derecho a la realidad social.

Objeción de conciencia

Los senadores Agustín Conde y Lluis Badía, respectivamente, argumentaron que su objetivo es hacer compatible el derecho de los homosexuales a casarse y, al mismo tiempo, asegurar el ejercicio de la objeción de conciencia a las personas encargadas de celebrar estas bodas.

Según Conde, la objeción de conciencia está recogido en la Constitución española y recordó que se contempla en el supuesto del aborto y, anteriormente, en la prestación del servicio militar obligatorio.

Por su parte, el senador socialista Arcadio Díaz Tejera, señaló que el aborto y el servicio militar "no tienen nada que ver" con el casamiento de una pareja homosexual, ya que ni el concejal ni el alcalde o funcionario "prestan una actividad profesional activa, sólo registran la voluntad" de dos contrayentes.

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