Inicialmente estos descuentos se aplicaban solo a los españoles, luego se ampliaron para los comunitarios residentes y a partir del próximo año los residentes extracomunitarios regularizados también los disfrutarán.
Según Pere Sampol, estos residentes no comunitarios tienen los mismos derechos y obligaciones que los españoles o comunitarios, ya que trabajan y cotizan en esos lugares y no extender esas tarifas -descuentos del 50 por ciento- supone una discriminación.
Aún cuando se estima en unos 10 millones de euros el costo de la medida, también se debe tener en cuenta la "precaria situación económica y social" de estos trabajadores que, en algunos casos, se ven obligados a viajar para realizar determinados trámites administrativos a la península.
El representante de CC, Félix Ayala, se opuso argumentando "el esfuerzo económico" que supone para el Gobierno. De similar opinión fue el senador del PSOE Luis Ayllón y añadió que "la Comisión no va a enmendar al Pleno", ya que en junio del año pasado se rechazó una medida similar.
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