David Giménez López, detenido ayer en el marco de la operación dirigida por el juez Santiago Torres, pasará mañana a disposición de los Juzgados de Instrucción de la plaza de Castilla para declarar por su presunta vinculación a la red de cobro de comisiones ilegales para la obtención de licencias, informaron hoy fuentes jurídicas.

Estas mismas fuentes indicaron que previsiblemente Giménez López,  ingeniero de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, comparecerá ante el juez Torres, ya que mañana se encuentra de guardia. El funcionario tendrá que aclarar el contenido de una conversación telefónica que mantuvo con Victoriano Ceballos, considerado el cerebro de la supuesta trama, en la que se habla de las cifras a repartirse para agilizar la concesión de la licencia de un bar.

En los meses previos a que el caso saliera a la luz, varios de los funcionarios investigados tuvieron sus teléfonos pinchados por orden del juez. Ceballos, jefe de División de Impacto y Análisis Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente, figuraba entre las personas objeto de las escuchas telefónicas.

Con Giménez López, el número de empleados municipales detenidos  en el caso asciende a 17. Aunque la cifra de imputados, entre los que se incluyen varios empresarios, se sitúa ya en unos 35 ó 40, este número se elevará a medida que se purguen los doscientos expedientes con irregularidades que son objeto de la investigación.

Por el momento, el magistrado está procediendo al estudio y valoración de la documentación incautada en los registros efectuados hace dos semanas en diferentes dependencias municipales con el objeto de evaluar la implicación de otras personas.

Levantamiento de sumario

En cuanto a las actuaciones, el juez Torres tiene previsto levantar el secreto que pesa sobre las diligencias a mediados de diciembre, fecha en la que vence el tope de un mes previsto en la ley para mantener esta situación.

Hasta el momento, seis de las personas implicadas en esta supuesta red de cobro de comisiones ilegales, entre ellos Ceballos, permanecen ya en prisión por orden del juez Torres por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y falsedad. Además, el magistrado ha dejado en libertad a otras doce personas, entre ellas varias bajo fianza de 3.000 euros.