En agosto aumentó la lista de espera en el Sistema de Atención a la Dependencia que afecta a los grandes dependientes y dependientes severos, ha denunciado este jueves la Asociación estatal de Directores y Gerentes de servicios sociales. "Por primera vez desde hace meses, en agosto se incrementó en 1.481 la lista de espera en las personas más vulnerables que debe atender el Sistema de la Dependencia", detallan.

Según sus datos, actualmente "más de una tercera parte de las personas desatendidas (38%), son dependientes con Grado II o III; en total 120.925 personas". La asociación tacha de la situación de "injusta" porque "deja abandonadas a las personas con mayores y más urgentes necesidades de atención" que además precisan los servicios más costosos para las arcas autonómicas.

"La razón del estancamiento en la reducción de la lista de espera para estos grados bien podría estar que la incapacidad financiera de prestar los apoyos necesarios, mientras que la atención a los Grado I se está resolviendo en muchas ocasiones con atenciones de bajo coste", consideran.

El actual nivel mínimo (recortado por la modificación presupuestaria de la Dependencia en 2012) hace que una Comunidad Autónoma reciba de la Administración General del Estado una cuantía de 44,33 €/mes por dependiente atendido de Grado I y de 82,84 €/mes y 177,86 €/mes por dependiente atendido de los Grados II y III respectivamente.

La consecuencia "más cruel" del mantenimiento por tiempo ilimitado de las personas en lista de espera para recibir atenciones, recuerdan los directores y gerentes de servicios sociales, "es que muchas de ellas fallecen sin haber podido ejercer su derecho reconocido en la Ley de Dependencia".

Sus cálculos son que cada día fallecen 100 dependientes sin recibir prestaciones o servicios a los que tienen derecho. Los datos oficiales de los últimos informes reconocían que en 2016 se habían producido más de 40.000 fallecimientos de personas que, siendo dependientes con derecho a atención, no habían llegado a beneficiarse de las prestaciones y servicios oportunos.

La asociación reclama celeridad y un acuerdo de mejora a la Comisión de análisis de la Dependencia que emanó de la Conferencia de Presidentes. Dicha comisión se reunió por última vez el pasado lunes, cita en la que encalló a la hora de alcanzar consenso sobre la financiación de la Administración General del Estado y sobre el reconocimiento de la deuda de las comunidades.

Para los directores y gerentes, "es necesario que se adopte alguna decisión sobre el futuro del sistema en clave de financiación y, hasta entonces, abordar las urgentes necesidades financieras para la atención plena (cobertura total ya demorada dos años con más de 300.000 personas en espera) por la vía del incremento sustancial de las cuantías del Nivel Mínimo Garantizado. Ese nivel mínimo de financiación del Estado en el que descansa la "garantía del derecho subjetivo", y que debería velar por el ejercicio de los derechos de las personas en situación de dependencia, independientemente de la comunidad autónoma en la que residan", defiende la asociación.