FCAPA ha denunciado en un comunicado que con el actual Consell "cada inicio de curso educativo es peor que el anterior" ya que asegura que en el 2015/16 tuvo que reclamar "mayor rigor y seriedad en los proyectos y programas educativos, criticando el falso anuncio de gratuidad de libros de texto y pidiendo la eliminación de políticas exclusivamente ideológicas en el ámbito educativo".

"Este curso empezamos con una medida sorprendente, un decreto-ley sin diálogo ni consenso alguno y utilizando como excusa una mentira, que pretende continuar con la imposición de un proyecto lingüístico ideológico suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que además anuló ya, por sentencia en procedimiento de protección de derechos fundamentales, una parte fundamental del mismo", asegura en el comunicado.

Por este motivo, la Federación ha anunciado que estudiará la posibilidad de pedir al Defensor del Pueblo que interponga recurso de inconstitucionalidad contra el decreto-ley aprobado, de conformidad con los artículos 161 y 162 de la Constitución Española.

Al respecto, señala que el artículo 44.4 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana establece que el Consell, en casos de extraordinaria y urgente necesidad, podrá dictar disposiciones legislativas provisionales por medio de decretos-leyes, un procedimiento que se desarrolla en el artículo 137 del Reglamento de las Corts.

FCAPA considera que no existe "justificación objetiva" para la utilización del procedimiento del decreto-ley, "pues no se da en este caso el supuesto de necesidad, y menos que esta pudiera ser "extraordinaria y urgente".

SITUACIÓN "PREVISIBLE"

"La situación era perfectamente previsible, dado que deliberadamente el equipo directivo de la Conselleria de Educación no quiso actuar con rigor y seriedad ante los pronunciamientos reiterados del TSJCV", ha añadido la entidad, que considera que el decreto-ley "utilizado para algo para lo que no está jurídicamente previsto en algo similar a un fraude de ley, supone una mera modificación del Decreto 9/2017, pero con el objetivo de seguir imponiendo su programa ideológico en el ámbito lingüístico.

Al mismo tiempo, cree que se esta forma se trata de "evitar que pueda generar una contestación de la sociedad civil -y no exclusivamente política- como la que generó el primer Decreto, con su correspondiente acceso posterior al control judicial".

"Si la Administración hubiera modificado su Decreto a la vista de los primeros fallos en su contra, en los meses de mayo o junio, o incluso julio, la solución hubiera sido mucho más sencilla y justa, sin generar incertidumbre y temor en toda la comunidad educativa, junto a un trabajo que, probablemente, habrá sido inútil, especialmente en los centros que habían decidido adelantar el calendario de aplicación del decreto inicial", ha insistido la Federación.