Varios detenidos en una operación por supuestos abortos ilegales

Se han realizado varios registros en clínicas y otras instalaciones de la empresa Ginemedex, además de las detenciones, pero el portavoz no pudo precisar el número puesto que se ha decretado el secreto de las actuaciones.

'Se trata de una operación por supuestas prácticas reiteradas de interrupciones voluntarias del embarazo fuera de los tres supuestos legales', dijo a Reuters el portavoz de la Benemérita, que actúa por orden del juzgado número 32 de Barcelona y en colaboración con la Guardia Urbana.

Los tres supuestos que contempla la ley para abortar son que el embarazo haya sido por violación, malformación del feto o riesgo para la salud de la madre.

El abogado de las clínicas registradas, Francesc Camps, declaró a TV3 que confiaba en la legalidad de las actuaciones allí practicadas.

'De la confianza que a lo largo de estos años he podido llegar a tener con el doctor (Carlos) Morín (propietario de Ginemedex), yo diría que las clínicas, todas, obran dentro de la legalidad vigente', dijo, mientras una paciente interrogada por los periodistas allí desplazados se sorprendió por el despliegue y dijo no entender nada.

'Yo me creía que todos ustedes estaban haciendo un anuncio o algo así', dijo a los periodistas.

La organización católica E-Cristians interpuso una querella contra Ginemedex y otros centros abortistas por los presuntos delitos de aborto y asociación para delinquir, según informaba en su página web. La querella fue aceptada y ahora la agrupación anunciaba la detención del doctor Carlos Morín y otras tres personas.

Por su parte, la Generalitat de Cataluña emitió un comunicado donde dijo que había investigado los centros registrados en la actualidad a raíz de la emisión de un reportaje en la televisión pública danesa en septiembre de 2006 que pretendía demostrar la práctica de abortos ilegales en un centro de Barcelona.

El Departamento de Salud concluyó la existencia de irregularidades administrativas que se saldaron con una multa de 3.006 euros, pero indicó que ha remitido toda la documentación referente a estos expedientes al juzgado.