En los dos últimos años las ejecuciones hipotecarias se han convertido en una acción judicial casi diaria. El año pasado los juzgados de Zaragoza tramitaron 276 embargos y en los primeros nueve meses de este año, 209, es decir, unos 23 al mes, uno por día laboral.

El alto precio de las hipotecas, la continua subida de los tipos de interés y los bajos sueldos de muchos propietarios de pisos, que destinan un porcentaje muy elevado a la vivienda, son las principales causas de que los ciudadanos no puedan pagar sus casas.

La cuantía de la hipoteca media de una vivienda de la provincia de Zaragoza ha subido 21.826 euros en dos años. En agosto, los últimos datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, la cuantía media era 144.145 euros, mientras que en el mismo mes de hace dos años, la hipoteca media ascendió a 122.319 euros.

Hasta septiembre, los tribunales recibieron 209 causas por hipotecas sin pagar y reiniciaron otras 7. En total se resolvieron 175 de estos embargos y el resto quedaron acumulados. En septiembre había 387 ejecuciones hipotecarias pendientes en los juzgados de Zaragoza.

Los expertos aseguran que esta situación ya estaba anunciada por la burbuja inmobiliaria, la subida de tipos y el endeudamiento de las familias, que es cada vez mayor. Las viviendas embargadas se venden en subasta para afrontar las deudas.

«El problema es que muchas veces la ejecución no resuelve la deuda, ya que se conceden préstamos por el 120% del valor de la casa, hipotecas basura, y aunque se venda, se le sigue debiendo dinero al banco», explica Santiago Pérez, de la Asociación de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae).

Muchas personas viven al día con créditos para pagar atrasos, lo que parece indicar que todavía no se ha tocado techo, según explican en Adicae, y que los embargos irán a más.

Tres meses de plazo

Los bancos hacen cada vez más la vista gorda si el cliente se retrasa unos días en el pago de la hipoteca. Cuando alguien deja de pagarla le conceden tres meses de gracia. Al cabo de ese tiempo, le envían una carta pidiendo los meses impagados o el total del préstamo (esto sólo si hay una cláusula en el contrato que lo estipula).

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