Así lo ha expresado Dávila en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del Ejecutivo canario, al que ha llevado el citado informe que fue elaborado por los expertos designados por el Ministerio de Hacienda y por cada una de las comunidades.

Este informe fue entregado el pasado miércoles a Hacienda, quien posteriormente lo entregó a los responsables de Hacienda de las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, además de darse cuenta del mismo en el Consejo de Ministros.

Dávila ha destacado la "importancia" de este informe, ya que recordó que en el punto de partida del mismo había "muchos expertos que consideraban que el REF debía estar dentro del sistema de financiación".

Sin embargo, este informe aseguró que "marca un antes y un después" por reforzar el reconocimiento de Canarias como RUP -reconocida por Europa y España- y por indicar que el REF "está concebido, tanto en sus incentivos como en su menor tributación, para compensar esas desventajas que tiene Canarias".

"Tiene que ser así considerado para planificar una arquitectura del sistema de financiación para las comunidades para los servicios públicos esenciales. A partir de aquí lo que queda es un trabajo político que tendrá que impulsarse desde el Gobierno de España y que tiene que contar con la contribución y aportaciones de las distintas comunidades", apuntilló.

En este sentido, la consejera regional de Hacienda expuso que "este paso sitúa al archipiélago en una magnífica situación de cara a la negociación política" entre el Gobierno central y Canarias. Agregó que se prevé tener un nuevo modelo de financiación autonómica antes de noviembre de 2017 y ha querido subrayar el "papel" que ha jugado el profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y representante del Ejecutivo canario en la Comisión de Expertos, Arturo Melián.

Es este trabajo de Melián, apuntó, el que "ha significado un antes y un después" en Canarias para hacer ver al resto de integrantes del citado Comité la "situación especial" de las islas.

"Arturo Melián ha defendido que el nuevo sistema ha de contemplar el criterio de la insularidad para compensar los mayores costes de los servicios públicos esenciales derivados de nuestra situación geográfica", dijo Dávila.

Así, incidió en que la Comisión de Expertos entiende que los recursos del REF "deben considerarse teniendo en cuenta las desventajas de Canarias como RUP porque esta condición de desventaja es un rasgo diferencial y único" del archipiélago.

Agregó que esta posición supone "un cambio muy importante" sobre la que han mantenido hasta ahora dentro del marco de la negociación del nuevo sistema de financiación. Además, señaló que los expertos también coinciden en que la cuantificación que se haga de los recursos del REF que recibe Canarias "no podrá penalizar el uso que hagan las islas de su espacio fiscal propio, ya que esto supone una vulneración de su autonomía financiera".

En este sentido, Dávila indicó que los argumentos expuestos por

Melián sobre las singularidades de Canarias como RUP, en concreto,

sobre el tratamiento de los recursos del REF, han permitido llegar a un consenso total en el seno de la comisión de expertos "sin haberse producido ningún voto particular en contra".

ESTRUCTURA DEL MODELO DEL SISTEMA

En relación a la estructura del modelo del sistema de financiación el informe propone dos alternativas, una de ellas es que los tramos autonómicos del IVA y de los impuestos especiales se distribuyan en su totalidad de forma homogénea entre las comunidades autónomas, de acuerdo con su población ajustada.

Al respecto, Dávila entendía que de ser así Canarias "resultaría beneficiada porque los recursos de las islas no se verán afectados por el hecho de que el IVA y los impuestos especiales estatales más relevantes no se exigen" en las islas; mientras que el resto de tributos, tales como el IRPF y cedidos tradicionales, solo se distribuiría un porcentaje de esta forma.

Y la segunda alternativa que propone el informe es una modificación en la forma de calcular la población ajustada, incluyendo nuevas variables, un dato que se utiliza como base para establecer las necesidades de gasto. De este modo, para medir las necesidades de gasto educativo, el documento de los académicos propone aumentar la edad de la población en edad escolar desde los 16 años actuales a los 18 años, además de incluir a los matriculados en universidades públicas y en ciclos formativos de grado superior.

Respecto al gasto en políticas sociales, los expertos reflejan la posibilidad de incluir como nueva variable a la población en riesgo de pobreza y exclusión social, de tal forma que Canarias "es de las autonomías que tiene un mayor valor" para este indicador. También propone incluir una partida para costes fijos que, afirmó, "sería especialmente beneficiosa" para las comunidades que tienen un tamaño inferior al promedio como Canarias.

También sugiere que se considere el efecto que puede tener el turismo en el coste de la prestación de los servicios públicos. "A parte de todos los aspectos que se recogen en el informe va a resultar clave para Canarias que durante la negociación que se inicia ahora se puedan acreditar todos los sobrecostes que implica la ultraperiferia para las islas, tanto públicos como privados", dijo Dávila.

Asimismo, consideró que también será "clave" el grado de nivelación del modelo, que ha de ser una decisión política. En este sentido, expuso que para Canarias, al ser una autonomía con un PIB per cápita inferior a la media, "mayor será la financiación que reciba cuanto mayor sea el grado de nivelación".

"Canarias está más cerca que nunca de ver reconocidas en el nuevo sistema de financiación autonómica sus singularidades como región ultraperiférica y territorio insular", concluyó.