El Gobierno restringe a Cataluña el uso de dinero público para financiar el referéndum

Banderas esteladas en una concentración en Barcelona a favor de Artur Mas y la independencia de Cataluña.
Banderas esteladas en una concentración en Barcelona a favor de Artur Mas y la independencia de Cataluña.
EUROPA PRESS
Banderas esteladas en una concentración en Barcelona a favor de Artur Mas y la independencia de Cataluña.

El Gobierno de Mariano Rajoy quiere cerrar el grifo económico al referéndum de independencia de Cataluña.

La Comisión Delegada de Asuntos Económicos aprobó este viernes, a propuesta del Ministerio de Hacienda, una regla de condicionalidad de gasto según la cual la Generalitat no podrá usar fondos públicos provinientes del Fondo de Liquidez Autonómico (conodico por las siglas FLA) para financiar iniciativas que tengan que ver "directa o indirectamente" con la consulta secesionista del 1-O, so pena de perder los 3.600 millones de euros que le corresponden a Cataluña este año con cargo a esa partida.

La norma impuesta por el departamento de Cristóbal Montoro obliga a los interventores de las consejerías catalanas, a los responsables económicos de las entidades públicas donde los primeros no existan y a las direcciones generales de Presupuestos y de Política Financiera a emitir certificados individuales y semanales que detallen cada una de las partidas de gasto financiadas gracias al FLA.

Si esas notificaciones no llegan o si el Estado comprueba la malversación del dinero por parte del Gobierno de Carles Puigdemont, Hacienda dará cuenta "a las autoridades" de ello y suspenderá el reparto del FLA. Desde 2012, este fondo ha facilitado 67.000 millones a la autonomía, según los datos aportados por el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, tras la reunión semanal del Consejo de Ministros.

"Si alguien quiere hace un referéndum ilegal, no lo va a pagar con el dinero de todos los catalanes, lo va a pagar con el suyo. Ni un euro de los servicios públicos de los catalanes va a ir a una consulta ilegal", recalcó Méndez de Vigo durante su intervención este viernes.

"Los funcionarios cumplen la ley"

La medida no impide que el Govern continúe con la convocatoria del 1-O con recursos propios, pero impone medidas de control sobre la Generalitat.

El Gobierno espera que los trabajadores públicos responsables de la contabilidad catalana faciliten la información a Hacienda. La negativa hacerlo no entra en sus planes : "No contemplo esa posibilidad, los funcionarios cumplen con la ley". En caso contrario, subrayó, "podría llegar a retirarse" el FLA.

Méndez de Vigo tampoco quiso avanzar cuáles serían las consecuencias políticas o penales para quienes violen la regla de Hacienda u ordenen hacerlo. "Me resulta imposible decirle la sancion aplicable, porque no soy juez", contestó a las preguntas de la prensa antes de admitir que esta se una maniobra "preventiva".

Generalitat: "El estado se puede 'embozar' si 'corta el grifo"

Por su parte, el secretario de Economía de la Generalitat, Pere Aragonès, ha acusado al Gobierno de querer frenar el referéndum "colapsando administrativamente" al ejecutivo catalán y ha advertido de que el propio Estado se puede "embozar" si "corta el grifo" de la financiación a Cataluña.

Pere Aragonès ha calificado de "irresponsable" al Gobierno y ha asegurado que esta decisión se enmarca en una estrategia de "propaganda y amenaza" sobre los trabajadores públicos, los proveedores y los servicios públicos. "Hay una clara discriminación ideológica por parte del Gobierno del Estado", ha denunciado Aragonès, que cree que éste "trata diferente" a los catalanes porque "votan de manera diferente a lo que ellos quieren".

"Esto demuestra que el Estado español no es un Estado de derecho ni respeta la libertad ideológica de los ciudadanos", ha incidido el secretario de Economía en declaraciones a los medios.

El Govern, ha comentado Aragonès, ya sabía que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "pondría todos los obstáculos posibles" a la celebración del referéndum, pero cortando el acceso de Cataluña al FLA, ha añadido, pondría en riesgo la prestación de los servicios públicos esenciales y el cobro puntual de funcionarios y proveedores.

En este sentido, Aragonès ha advertido al Gobierno de que "si algún día corta el grifo a Cataluña, su Estado se emboza". "No pueden hacerlo porque les afecta directamente a ellos. Las reputaciones están absolutamente cruzadas y la lectura que harían los mercados financieros es que el Estado ha dejado de ejercer su responsabilidad", ha añadido.

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