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Cataluña aprueba la ley que regula el consumo, cultivo y transporte del cannabis

Cannabis.
Imagen de plantas de cannabis. (WIKIMEDIA COMMONS)
  • La propuesta, una ILP, se ha aprobado este miércoles en el Parlament de Cataluña.
  • Se trata de una norma pionera en Europa porque establece todas las pautas para que un cultivo no sea intervenido por la policía.
  • También esteblecen los máximos que un consumidor de cannabis puede comprar.

El Parlament de Cataluña ha aprobado este miércoles la Ley de asociaciones de personas consumidores de cannabis, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por el grupo Rosa Verda que en julio de 2015 inició una recogida de firmas para regular el uso del cannabis en Cataluña. El asociación ha recogido y validado 56.000 firmas.

Las asociaciones cannabicas reconocidas por ley podrán cultivar hasta 150 kg de marihuana seca al año La ley regula estos clubes para que sean asociaciones sin ánimo de lucro, legalmente constituidas, que se autoabastecen y distribuyen cánnabis entre sus asociados, todos ellos mayores de edad que consumen en ámbito privado, ya sea con finalidad lúdica o terapéutica.

El texto contempla que asociaciones cannabicas reconocidas por ley serán las únicas autorizadas para cultivar y no podrán producir más de 150 kg de marihuana seca al año.

Sobre el transporte, los responsables de los clubes de fumadores deberán tramitar una autorización en la que figuren los datos de la asociación, la identidad del transportista, el destino, la fecha y la cantidad y el tipo de producto que se transporta. No podrá usarse el transporte público para este cometido.

Para evitar el turismo cannábico, la normativa prevé una carencia de 15 días desde que se solicita el ingreso en el club hasta que se puede adquirir el cannabis. El texto también establece la cantidad que puede retirar cada socio: los mayores de 21 años podrán adquirir hasta 60 gramos mensuales mientras que los que tienen entre 18 y 21 años no podrán retirar más de 20 gramos.

Esos límites de cantidad desaparecen si el consumo es con un fin terapéutico. La regulación también prohíbe el consumo de alcohol en estas asociaciones así como de productos alimentarios que contengan cannabis. Las personas que dispensen la marihuana deberán tener formación sobre las propiedades del cannabis y sus derivados, sus riesgos y los daños que pueden derivar de su consumo.

Además, establece las condiciones para que se puedan constituir, los derechos y los deberes de los socios y los requisitos para hacerse, estipula mantener un libro de registro, trata la producción y el almacenamiento, el transporte y la distribución y limita la publicidad.

También regula el número de miembros y el consumo máximo mensual que fija en sesenta gramos al mes por asociado; los cultivos y el transporte; todos estos puntos estaban hasta la fecha en un vacío legal que ahora se ha regulado para dar cobertura legal a los más de 400 establecimientos que hay en Catalunya, según Mossos d'Esquadra.

Precisamente, sobre el cultivo y el transporte, Cs había presentado enmiendas porque entendía que es la parte que podría entrar en conflicto con la legalidad y permitir que el Tribunal Constitucional (TC) pusiera coto a la nueva norma, por lo que Cs ha votado en contra de los puntos de la ley que abordaban esos extremos.

"Luego dirán aquello de Madrid no nos deja fumar porros", ha ironizado la diputada del grupo naranja, Noemí de la Calle, que proponía en sus enmiendas que el cultivo se hiciera dentro de los clubes, con sistemas de cultivo hidropónico, para evitar que el TC actuara sobre la norma, o sanciones a los cultivos y en el transporte.

Por eso, ha criticado a la diputada Alba Vergés por no advertir a los representantes de la ILP de que la nueva ley podría entrar en conflicto con una norma superior y generar frustración, a lo que Vergés ha replicado: "No estoy de acuerdo que diga que en este Parlament vendemos la moto a las asociaciones cuando esto es una ILP".

Tras el pleno, representantes de las asociaciones e impulsores de la ILP, acompañados por los diputados de los grupos que han apoyo la norma, han realizado una rueda de prensa en la que han asegurado que lo que el código penal persigue es el consumo, el cultivo y el tráfico ilegal de sustancias estupefacientes, y han afirmado que con la nueva norma estas prácticas quedan legalizadas y "no entran en conflicto" con el código penal.

Durante el pleno, Vergés ha dicho que la norma demuestra que el abordaje de las políticas de drogas se puede hacer desde un ámbito diferente al de las políticas prohibicionistas "que han fracasado porque no reducen el consumo ni los mercados ilegales".

El socialista Raúl Moreno ha celebrado la aprobación de la norma y ha afirmado que no regular los clubes cannábicos es "dejar vía libre al mercado negro" y desamparar a los consumidores que tiene que acudir a él para abastecerse.

Desde la bancada de SíQueEsPot, Albano-Dante Fachin ha destacado que la norma nace de una ILP y considera que el Parlament está lanzando un mensaje al resto del Estado y del mundo que dice que "los restos de la sociedad se resuelven mirándolo a la cara, sin miedo a que los ciudadanos ejerzan sus derechos".

"Viva Catalunya libre y cannábica"

El 'cupaire' Sergi Saladié ha recordado que durante la ponencia de la Ley han seguido las recomendaciones y demandas de los impulsores de la ILP, ha lamentado que se plantee que la norma durará pocos meses por la posible actuación del TC, y ha dicho esperar que la ley tenga plena vigencia en una república catalana independiente: "Viva Catalunya libre y cannábica".

El diputado del PP, Alberto Villagrasa, ha advertido de que el Parlament ha aprobado una ley que es ilegal, y ha avisado de que "tratar de legislar la ilegalidad no va a ninguna parte y genera frustración".

Al finalizar los actos, diputados y miembros de las asociaciones se han hecho una foto de grupo en las escaleras del Parlament y han posado al grito de "¡Cannabiiis!".

Puede ser recurrida

El otro precedente que existe en España sobre la regulación de los clubes cannábicos es el que aprobó el Parlamento Vasco en 2016. Actualmente está suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional por un conflicto de competencias.

El Gobierno central presentó un recurso al considerar que invadía competencias en materia de productos farmacéuticos, legislación penal y seguridad pública.

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