Los socialistas madrileños han encontrado un filón en la trama de corrupción funcionarial del Ayuntamiento de la capital. Tras el desconcierto inicial, han puesto en marcha una estrategia que tiene como principal argumento la idea de que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, y sus concejales de Urbanismo y Medio Ambiente, Pilar Martínez y Ana Botella, saben más de lo que reconocen.

De hecho, el Grupo Municipal Socialista acusa al regidor de conocer la trama de extorsión desde noviembre de 2005, cuando "recibió dos cartas de un particular que le explicaba la situación que tuvo que afrontar cuando pidió la licencia para su bar", según el portavoz, David Lucas.

Ante estas dudas, Lucas pidió al alcalde que "diga por qué miró hacia otro lado cuando los chantajes eran vox pópuli, por qué no hizo caso de estas acusaciones y por qué no ha dicho nada aún, por qué no ha pedido perdón a los madrileños como debería haber hecho". "Exigiremos respuestas, que Gallardón hable y que se asuman hasta las últimas responsabilidades políticas tanto por parte de los concejales como del mismo alcalde".

Cargos políticos con responsabilidad

Además, el portavoz socialista criticó que el alcalde intenté culpabilizar únicamente a los funcionarios. "El alcalde miente al escudarse en los funcionarios, porque esconde que la última firma al conceder una licencia es la del gerente o la del concejal de distrito, y ambos son cargos políticos del Ayuntamiento, así que no puede seguir escudándose en los funcionarios para eludir su responsabilidad", finalizó Lucas.

A estas sospechas añaden otra: "La primera medida de Gallardón después de su toma de posesión en junio pasado fue cerrar el despacho que el PSOE e IU tenían en la Gerencia de Urbanismo de la calle Guatemala, desde donde realizaban una labor de control", explica David Lucas, añadiendo que por aquel entonces los socialistas habían comenzado a pedir expedientes sobre supuestas irregularidades en la concesión de licencias urbanísticas.

El Grupo Municipal Socialista solicitará la realización de una auditoría interna en el Ayuntamiento de Madrid durante la celebración del pleno extraordinario monográfico sobre el caso 'Guateque', cuya petición de convocatoria se presentó este viernes en el Registro Municipal. El objetivo es descubrir "qué conductos tanto en la Concejalía de Medio Ambiente como en la de Urbanismo, han fallado", explicó el portavoz municipal, David Lucas.