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La pesadilla de Daniel Guilló, masajista de 27 años, empezó una noche del pasado mes de enero mientras acompañaba a su casa a su novia y una amiga. Cuando dos policías nacionales de paisano le pidieron el cigarrillo de hachís que iba fumando, no imaginó que acabaría aislado en una celda con la cara rota a puñetazos y el cuerpo lleno de contusiones. Diez horas depués, lo acusaron de atentado a la autoridad e intento de homicidio.

Pero el caso de Daniel no es único, según Amnistía Internacional (AI), que denuncia que las torturas y malos tratos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en nuestro país "no son hechos aislados y se extienden por todo el territorio nacional".

"Negarlo es como negar el sol", afirmó ayer el presidente de la organización en España, Esteban Beltrán, durante la presentación del informe 'Sal en la herida. La impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos'. En él, AI recoge, como ejemplo, otros 12 casos en los que personas como Daniel aseguran haber recibido palizas, amenazas y vejaciones.

Presunción de veracidad

"No sólo existe tortura, sino también impunidad para los responsables", señaló Rachel Taylor, investigadora de AI. En este sentido, Beltrán explicó que de las 450 sentencias judiciales sobre torturas analizadas por la organización, registradas entre 1.980 y 2004, sólo 85 eran condenatorias. "Los agentes están por encima de la ley porque se les aplica el principio de presunción de veracidad", añadió. Esto significa que su palabra vale más que la de cualquier ciudadano.

Asimismo, el director de AI en España subrayó la falta de voluntad política de los gobiernos españoles de erradicar estas prácticas y lamentó el oscurantismo de la Fiscalía a la hora de registrar y publicar datos al respecto. «Esto tiene que acabar», añadió Taylor, al tiempo que pidió la instalación de sistemas audiovisuales de grabación en todas las comisarías del país.

El testimonio de Daniel

"Me pegaron una buena", cuenta Daniel, para quién lo peor fue la "indefensión" y la "impotencia" que sintió. Su novia y su amiga, que llamaron a la Policía para pedir ayuda, también fueron arrestadas, al igual que la madre de su chica cuando se acercó a la comisaría y dijo que quería declarar.

Él anunció su intención de presentar denuncia y, tras volver del exámen médico, le informaron de que estaba acusado de atentado a la autoridad y de tentativa de homicidio. Alegaban que había robado una pistola a un agente y había intentado dispararle. Él pidió un análisis de huellas para demostrar que no había tocado ningún arma, pero los peritos fueron claros: "Esto no es CSI", dijeron.

Afortunadamente, la jueza investigó a fondo y la instrucción, de momento, le es favorable. Parece que todo quedará en una falta, pero le podrían haber caído hasta 14 años de prisión. "No entiendo cómo podían dormir por las noches sabiendo que podía acabar en la cárcel por su culpa", se lamenta.