El presidente de la Cámara, Miguel Santalices, ha leído este acuerdo después de que los grupos con representación apoyasen por unanimidad una iniciativa defendida por el diputado socialista Juan Diaz Villoslada que fue transaccionada con una enmieda del PPdeG y otra del BNG.

El acuerdo recoge que esta posición deberá ser incluida al conjunto de reformas del Estatuto de Autonomía de Galicia que en su momento se aborde.

Además, también pide, en un segundo punto y a petición del PPdeG, instar a la Xunta a trasladar esta posición a los grupos con representación en las Cortes Generales, para que "cualquier reforma del aforamiento de los representantes de las cámaras legislativas estatales o autonómicas" sea también tratada "dentro de un acuerdo a nivel Estatal".

Villoslada ha justificado la necesidad de realizar esta reforma ante el "desencanto" de la ciudadanía con la política derivado de la "ola de corrupción" que hace que esta figura

"sea percibida como un privilegio absolutamente innecesario". "Galicia debe dar todos los pasos para avanzar de forma decidida en la calidad de su marco institucional", ha manifestado.

POSTURA DE LOS GRUPOS

Tras la intervención de Villoslada, la diputada del Bloque Olaia Rodil ha presentado una enmienda, incluida en la transacción, que pedía que las futuras reformas "garanticen" que un parlamentario "no pueda ser perseguido por cuestiones ideológicas o por el sentido de su voto". Además, también reclamaba precisar cuando se llevaría a cabo esta iniciativa.

Por su parte, el popular Alberto Pazos, ha dado la "bienvenida" a los socialistas "al debate sobre el aforamiento" y ha defendido que la "forma más adecuada" de llevar a cabo esta revisión sería a través de una "reforma" también estatal dado que, según ha indicado, el aforamiento afecta a otras figuras como jueces o fiscales.

Por último, el portavoz parlamentario de En Marea y exmagistrado, Luís Villares, también se ha mostrado partidario de "aprobar las medidas necesarias" para poner fin a la percepción que la ciudadanía tiene del aforamiento como un "privilegio". "Los representantes públicos no queremos privilegios por la posición ocupada sino que exigimos mayores controles, precisamente, por la posición ocupada", ha señalado.

Además, ha recordado que la designación de los miembros de la salda de lo civil y lo penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) es realizada por el Parlamento. Esta sala que "tiene un tercio de sus magistrados designados por esta Cámara", ha explicado, es la encargada de decidir en cuestiones judiciales que afectan a los aforados. "Esto introduce una sombra de duda que es necesario combatir", ha considerado.

También ha recordado que la Cámara gallega "es soberana", por lo que ha defendido que "no existe ninguna circunstancia para someter esta revisión a una coordinación a nivel estatal".